El Gobierno creó el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El decreto 360/2016 establece que el programa «tendrá por misión reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo».
Según se indicó, la decisión fue tomada atendiendo los riesgos que estas actividades ilegales puedan generar con impacto en el territorio nacional «y las exigencias globales de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI)».
El texto del decreto asegura que «el combate del lavado de activos provenientes de los delitos más graves (narcotráfico, corrupción, tráfico ilícito de armas y tráfico ilícito de personas, entre otros), la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, constituye una prioridad estratégica para el Estado Argentino».
«Resulta clave que un Estado moderno y globalizado cuente, en esta materia, con una estrategia nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, basada en un análisis consistente y comprensivo de los riesgos reales que el país enfrente en este campo», añadió.
Para permitir la implementación del nuevo programa fue derogado el decreto 1642/2011, que «se encuentra desactualizado en función de lo recomendado por los nuevos Estándares Globales para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, del GAFI 2012».
Asimismo fue modificado el artículo 3ro del decreto 1936/2011 «a fin de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea la autoridad central del Estado Nacional en realizar las funciones de coordinación interinstitucional de todos los organismos y entidades del sector público y privado con competencia en esta materia».
Esta modificación permite también que se reserve «a la Unidad de Información Financiera la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera».
