Un proyecto de ley que pretende establecer la inhibición, recusación y excusación de jueces que, a priori, tuvieran una posición contraria a la perspectiva de género será debatido en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.
La iniciativa que modifica varios artículos del Código Procesal Penal de la Nación, el Código Procesal Penal Federal y la ley de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres lleva la firma de la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.
El artículo 1 del proyecto establece que es causal de recusación para el magistrado que «manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género«.
Los fundamentos del proyecto parecen darles la razón a las sospechas de jueces y legisladores de la oposición. «Los que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones», sostiene Fernández Sagasti.
«El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio«, señala en sus fundamentos el proyecto de ley.
