Distintos fueron los actores políticos del orden nacional, provincial y local que desde la partida de Gendarmería de Rosario y por algunos hechos de violencia que tuvieron como protagonistas a bandas ligadas al narcotráfico, delitos comunes e incluso la misma Policía, hicieron sentir su opinión.
A la partida de los agentes federales, la realidad de la Policía de la provincia no daba signos de recupero de credibilidad, pues la «fuerza» provincial ya padecía una crisis profunda en su seno con ejemplos más que claros: un jefe preso, otro vinculado con el ocultamiento de un camión repleto de marihuana en una circunstancia muy dudosa, muchos otros denunciados por corrupción, la designación de un comisario acusado de nazi… y más.
Poco antes de entrar en escena la Policía de Acción Táctica, la discusión giraba en torno de la oportunidad o no del retiro de la tropas. Con el transcurrir de las horas el escenario comenzó a cambiar notablemente. Desde el 1º de enero a la fecha la cantidad de muertes por ajustes entre bandas del narcotráfico, los escruches, entraderas y el accionar de la Policía en el caso Jonathan Herrera sumaron hechos que sacudieron a la sociedad.
En este marco, el defensor general de Santa Fe, Daniel Gánon, reveló que «la inseguridad de la ciudadanía santafesina va a ser cada vez mayor» y aseguró que hechos luctuosos «como la muerte del joven Jonathan Herrera» son consecuencia del «respaldo implícito y explícito de parte del gobierno provincial hacia el ejercicio de la violencia institucional».
«La Policía tiene un récord histórico de heridos en circunstancias poco claras, ocasionando muertes», dijo Gánon, y prosiguió: «Santa Fe tiene la tasa de esclarecimientos de homicidios más baja del país y por debajo de la mitad de la tasa de esclarecimiento que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene una tasa del 90 por ciento».
Por su lado, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo de Rosario, Diego Giuliano, cuestionó duramente «el accionar de la Policía de Acción Táctica (PAT)» que, «según las autoridades provinciales reemplazaría a los 2.000 gendarmes que se retiraron a fin de año, hoy tiene que ser explicado». Fue anunciada como una fuerza preparada para el «uso progresivo de la fuerza y llevar adelante tareas persuasivas y de disuasión en áreas urbanas complejas», observó el edil.
Y en el mismo sentido agregó: «Esto hoy está absolutamente controvertido”. Y especificó que «si no hay una Jefatura única, sino tres, y si esas jefaturas no son capaces de actuar de manera coordinada, se producen casos como estos, en los que en una situación de confusión termina con la vida de un vecino que estaba lavando su auto en la vereda un día domingo», sostuvo Giuliano.
Sin embargo, lo sucedido con el joven Herrera, afirmó Giuliano, «pone en vilo un accionar en el que parece haber primado el descontrol y la falta de articulación con otras dependencias de seguridad dando por resultado uno de los crímenes más graves de la ciudad: el crimen de un joven desarmado e inocente”.
En tanto, se siguen sumando denuncias y cuestionamientos por el accionar de las fuerzas de seguridad. El senador nacional por Santa Fe Rubén Giustiniani presentó un pedido de informe en el Senado de la Nación para conocer los motivos por los cuáles se dispuso el retiro de las fuerzas federales.
El legislador socialista dijo «estar sorprendido de la pasividad de las autoridades provinciales ante la finalización de llamado Operativo Rosario».
El senador señaló que está «a la espera de una profunda reforma de la institución policial de la provincia todavía ausente, creemos necesario que el ministerio de Seguridad de la Nación revea el repliegue anunciado por el Secretario Berni», ya que «las fuerzas policiales provinciales no están aún plenamente capacitadas para emprender las tareas» que hoy son necesarias sin la asistencia y colaboración de la Nación».
«Los graves problemas de inseguridad y altos índices de delitos violentos que padece la provincia permanecen incólumes. Entendemos por ello -continuó Giustiniani- que el mantenimiento del despliegue de las fuerzas de seguridad federales en Rosario es imprescindible en el mediano plazo para la lucha contra el delito y en particular la criminalidad organizada», concluyó el legislador.
El cuadro es preocupante, pues la Policía se encuentra acéfala, los funcionarios acuerdan con el diagnóstico pero no se observa que la comunión de criterios se transforme en una acción concreta para resolver los problemas de la población en esta materia, y como corolario de todo esto, mientras los días transcurren los hechos de violencia se suceden ininterrumpidamente. Mientras tanto, las estadísticas revelan que no son sólo números; sino que hablan de la desesperación y la angustia de una comunidad.
