Con dictamen favorable, avanza en Diputados el proyecto para fortalecer la justicia penal de Santa Fe

Aldo Battisacco  Conclusión Buenos Aires

 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este jueves dictamen favorable del proyecto que apunta a fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. La iniciativa contempla la creación de juzgados y fiscalías federales y el nombramiento de nuevos jueces.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, quedó de esta manera en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que el Frente de Todos buscará realizar el próximo martes.

El proyecto, presentado por el diputado por Santa Fe, del Frente de Todos, Roberto Mirabella, busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales. La misma ya obtuvo despacho en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, pero aún falta el respaldo de la comisión de Presupuesto y Hacienda para que pueda ser debatida en una sesión que el Frente de Todos buscará concretar el próximo martes.

El dictamen recibió la firma de 40 legisladores, según anunció al término de la reunión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto.

Al iniciar el debate, Heller sostuvo que «seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.

Heller consideró que «este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia» y remarcó que problema del narcotráfico se va a resolver «cuando se resuelva qué se hace con la plata». «El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios».

En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de «trabar todo» y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.

«Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso», aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.

El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de «mentiroso» y «provocador» al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.

Además, el referente del Frente Progresista, Cívico y Social destacó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “la única responsable” de que la provincia de Santa Fe no disponga de suficientes funcionarios judiciales, como por ejemplo, un procurador general de la Nación.

En su discurso, el diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, Federico Angelini, apuntó contra el Frente de Todos y sentenció: “De los últimos 20 años, 16 gobernaron ustedes y justo fue donde se registraron mayores índices de delitos y de asesinatos en Rosario, fue donde ingresó y se desparramó por todo el país el narcotráfico y lamentablemente”.

Tras destacar las políticas de seguridad que se tomaron durante el gobierno de Mauricio Macri, el legislador completó: “Más del 70% de los delitos que suceden en Rosario se organizan desde la cárcel”. Seguidamente, se refirió a los diputados oficialistas: “Ustedes prefieren cuidar los derechos de los delincuentes antes que los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz”.

Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio y ex concejala rosarina, Germana Figueroa Casas, aseguró que Santa Fe es la provincia que “menos recibe del Ministerio de Seguridad”.

Por su lado, el diputado de Santa Fe, Mario Barletta, consideró auspicioso el «debate del proyecto porque en sus orígenes tiene consenso, es un día importante, no es para celebrar el tiempo que tomó el tratamiento del mismo. Hace mas de treinta años que la provincia de Santa Fe no tiene la posibilidad de generar un sistema de Justicia Federal de cuerdo a lo que se necesita, pero si hay que advertir que con esto no se soluciona el problema de la inseguridad».

El legislador, apuntó que «se requiere cumplir con las leyes vigentes, además, tenemos un treinta por ciento d el a Justicia Federal no cubiertos, esperamos que no pase lo misio con los cargos que estamos creando. La otra pegunta es porque Santa Fe es la provincia que menos fondos recibe por parte del Ministerio de Seguridad cuando vemos esos montos distribuidos per capita. Otra característica es que no tiene la cantidad de fuerzas federales en un tema que es federal, o también porque el Presupuesto de la provincia no se ejecuta como esta establecido».

En diálogo con Conclusión, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Chaco, Juan Manuel Pedrini, detalló: “Desde el oficialismo dimos despacho positivo al proyecto de ley que suscriben 18 de los 19 legisladores nacionales con que cuenta la provincia de Santa Fe, por el cual se va a fortalecer la justicia federal que es la que tiene competencia sobre el narcotráfico en Rosario y en la zona de la ciudad de Santa Fe. Se van a aumentar las fiscalías y la cantidad de juzgados. Esta mayor incorporación de fiscales, defensores y jueces va a dar una erogación de más de mil millones de pesos por año”.

Y agregó: “La otra cuestión que no es presupuestaria sino personal, es que va a haber un pedido expreso del Congreso a la justicia para que en Rosario se aplique el nuevo Código Procesal Penal, que está vigente actualmente únicamente en las provincias de Salta y de Jujuy. Esto va a permitir una agilización de los juicios, se despapelizan los juzgados, todo va a ser oral y va a ser filmado, eso va a permitir que no haya ningún juez o secretario que pueda cajonear los oficios”.

“Nos queda la gran deuda que es el sistema financiero. No puede ser que no se detecte las maniobras producto del narcotráfico que sabemos que son multimillonarias”, observó Pedrini.

Y concluyó: “Parte de la droga que llega a Santa Fe corre por el río Paraná, pasa por Formosa, Chaco, y por vía terrestre a través de la ruta 11”.

Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que «no se va a resolver el problema» con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: «No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor», a la vez que se preguntó: «Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema».

El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto. De acuerdo con el mismo «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».

«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala. Y estima que las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».

En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».