La Cámara de Diputados comenzó a debatir en un plenario de comisiones el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con las exposiciones de los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Por la tarde, en tanto, expondrán en forma alternada 20 invitados a favor y en contra de la legalización del aborto, quienes tendrán 7 minutos para expresar su posición sobre el proyecto enviado el pasado 17 de noviembre a la Cámara baja.

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El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso establece que «las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar» tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Además, habilita la «objeción de conciencia» por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá «el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» si «fuere resultado de una violación», cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.

En tanto, la iniciativa de los 1000 días establece una nuevo beneficio por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

De acuerdo con el texto, el programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.