Según un documento publicado por el Cels la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate dos proyectos para modificar el código contravencional y la ley 12 de procedimiento contravencional con el fin de ampliar las facultades de policías y otros funcionarios para detener y sancionar a personas.
En el escrito advierten que en caso de que se aprueben las reformas propuestas se podría «agravar la persecución por contravenciones y ampliar los márgenes de discrecionalidad de los agentes estatales».
En la misma línea, describen que «los proyectos proponen que los agentes de tránsito persigan contravenciones por cuidado de coches o limpieza de vidrios, por fuera de las faltas relacionadas al ordenamiento del tránsito».
Además, revelaron que en el caso de que una persona «sea detenida, la revisación dejaría de ser obligatoria, con lo cual eventuales golpes o lesiones causados por la policía quedarían sin registro».
También se propone que la detención por una contravención podría «durar hasta dos días a pesar que la constitución de la CABA prohíbe la prisión preventiva en materia contravencional. Otras modificaciones propuestas debilitan el derecho de defensa y limitan el control judicial de las detenciones policiales».
Desde el Cels, recordaron que «en 1991, la muerte de Walter Bulacio bajo custodia policial precipitó la derogación de los “edictos policiales” que fueron reemplazados por un código contravencional que limitaba el poder discrecional de la policía para detener personas que no cometieron delitos. Sin embargo, las sucesivas reformas –la última del año 2018- ampliaron las conductas alcanzadas y agravaron las sanciones».
Preocupa, que la criminalización y represión recae sobre habitantes que «usan el espacio público para el arte y para actividades de subsistencia, como ha sido documentado por la Defensoría General de la Ciudad y organizaciones de derechos humanos».
En el mismo sentido, llamaron la atención sobre «la violencia policial desplegada para hacer las detenciones y el uso creciente del sistema penal, contravencional y de faltas de la ciudad buscan limitar el uso del espacio público y perseguir a ciertos colectivos como los migrantes, situaciones en las que el supuesto “ordenamiento del espacio público” se solapa con el racismo.
Al mismo tiempo, destacaron que el gobierno de Larreta, carece «iniciativas para regular el uso del espacio público desde una perspectiva que tome en cuenta la situación de miles de personas dependen de ese tipo de actividades para sobrevivir. Quienes integran la legislatura deberían tomar en cuenta este contexto y generar un espacio de debate y análisis profundo antes de avanzar en reformas que incrementan los niveles de violencia y criminalización».
