La saga contra el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, sigue su curso. Este lunes se conoció que, tanto él como algunos integrantes del equipo que lo acompañó durante su gestión, fueron citados por los fiscales de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, para notificarles formalmente que son objeto de una investigación por los delitos de asociación ilícita con malversación dolosa, abuso de autoridad y violación a la ley 25.520.
La investigación es por supuesto espionaje ilegal y una licitación direccionada para comprar armas que nunca se concretó y además del ex titular del Organismo de Investigaciones fueron citados el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, la ex asistente técnica Nadia Schujman, el ex director de Análisis Criminal Sebastián Sánchez, el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez, la jefa de Inteligencia zona sur del OI del Ministerio Público de la Acusación y el ex secretario de Finanzas del ministerio, Maximiliano Novas. Todos deberán concurrir a la Agencia de Investigación Criminal.
Tras los allanamientos realizados en las sedes del Ministerio de Seguridad, el fiscal regional ensayó una serie de explicaciones y aseguró que «hay una investigación en curso, bastante consolidadada». «Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida», apuntó.
En tanto, desde la Fiscalía informaron que no se trató de un allanamiento sino de un procedimiento. Como se trata de un organismo público argumentaron que no se necesitaba una orden.
Hábeas Corpus y pedido de información
Con este escenario, el pasado 29 de noviembre, Sain presentó un hábeas corpus y solicitó que se le informe si había orden de detención en su contra. Además, requirió que se le informen los detalles de los allanamientos. El juez Carlos Leiva hizo lugar a la presentación y ordenó a los fiscales que conducen la investigación que informen lo solicitado. Sin embargo, los funcionarios judiciales solo se limitaron a manifestar que no había pedido de detención, pero no brindaron ningún tipo de información sobre los resultados de los procedimientos y el contenido de la investigación.
Por su parte, el martes 30, el ex ministro de Seguridad realizó una presentación en la Fiscalía Regional de Santa Fe, denunciando irregularidades en los procedimientos que se llevaron adelante en el Ministerio de Seguridad, solicitó acceso a la investigación y exigió el apartamiento de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
“Sin perjuicio de la ampliación de los fundamentos aquí vertidos al momento de acceder a las constancias del legajo fiscal, viene a denunciar en esta instancia severas irregularidades en el marco de la medida realizada en las oficinas de Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe el día 26 de noviembre de 2021”, señala en el escrito.
Además, advirtió sobre secuestro de elementos personales a empleados del ministerio. “Al arribar al lugar, el personal policial exigió que todo el personal haga entrega de sus teléfonos celulares personales, carteras, billeteras, y documentos en su poder. Nunca hizo saber que no existía orden de allanamiento que avale la medida, ni tampoco la posibilidad de negarse a tal requerimiento sin que implique presunción en su contra”, apuntó.
Además, el ex funcionario aseguró en el escrito que los fiscales «fueron a la pesca» cuando concretaron los allanamientos. “De acuerdo a la orden que habrían librado los fiscales intervinientes instruyen irrumpir en la oficina del Ministerio y proceder al secuestro de tantos dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa”, señala la nota y agrega: “Ello equivale a ir a la pesca”.
Además, se advierte que si la investigación es por espionaje ilegal, la Justicia provincial no tiene competencia, ya que se trata de un delito federal. “Se deja asentado que si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal”.
Finalmente, además de solicitar el apartamiento de los fiscales Hernández y Jiménez, exigió que la investigación pase a manos de la Fiscalía que corresponda, fuera del ámbito de la Fiscalía Regional N° 1 de la Provincia de Santa Fe. El pedido está fundamentado en la supuesta enemistad que tiene el fiscal regional, Carlos Arietti, con Sain.
