La CGT no irá a una medida de fuerza para responder al veto presidencial sobre la ley antidespidos y en cambio reforzará las gestiones para hacerse de 2.700 millones de pesos para sus obras sociales. En las tres versiones de la central obrera descartaron la posibilidad de avanzar hacia un paro o una protesta nacional como reclamó Pablo Micheli, de una de las CTA, y le dieron al Gobierno una tregua virtual hasta agosto, cuando se definirá la reunificación de todos los sectores. En el Ejecutivo dijeron que antes de mitad de año se hará el desembolso prometido.
El desinterés de motorizar una protesta en la principal organización gremial abarca la mayoría de los grupos internos y tiene razones convergentes: por un lado, son pocos los dirigentes con sindicatos afectados directamente por la ola de despidos; la preocupación, en cambio, está más enfocada en la negociación de paritarias pendientes, como el caso de los camioneros de Hugo Moyano; tampoco la herramienta parlamentaria elegida terminó de convencerlos, más allá de que hubiera diputados de esa extracción que terminaron por votarla, y además prefieren en su mayoría no quedar asociados a un eventual rótulo de desestabilizadores con una administración que atraviesa sus primeros meses de gestión.
(*) Fuente: Diario Ámbito Financiero
