A través de un comunicado la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) dejó en claro que apoya que «se abra un amplio debate sobre la mala legislación que genera la industria del juicio», y señaló que»existe y surge a partir de las malas leyes que no dan cuenta de los objetivos que dicen defender, generando más problemas que la causa que las originó».

Según los pequeños y medianos empresarios «a los sectores productivos no nos consta la existencia de mafias de abogados o jueces, pero si creemos que los juicios laborales constituyen una pesada carga para las pymes argentinas. En este sentido, lamentamos que un tema tan serio para los mayores dadores de mano de obra del país, que son las pymes, se plantee en el marco de una pelea política, en el comienzo de una campaña para las elecciones legislativas».

Por otra parte, consideraron que «el juez tiene la obligación de aplicar la ley vigente, del mismo modo que los abogados defienden a sus clientes en esos términos. Si no existieran las leyes que existen, no se reclamarían los conceptos que se reclaman y los jueces no dictarían las sentencias que dictan».

Asimismo, destacaron que «la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974 no significa ningún problema para las empresas, al tiempo que da garantías a los trabajadores de un trato justo y de una justa remuneración, indemnización por despido y otras garantías cumpliendo con su objetivo».

Para los titulares de Pymes, «el grueso de los problemas comienza a partir de la sanción de la Ley Nº 24.013 de Empleo de 1991 que tenía como objetivo combatir el trabajo no registrado; imponiendo multas descomunales por incumplimientos formales. Todas esas causales generan multas, que no van al fisco, sino que van a engrosar la indemnización y los honorarios de los abogados. Es por eso que cuando una persona es despedida y recibe una indemnización de acuerdo a la Ley del ´74, es estimulada a demandar a su ex-empleador en virtud de la Ley del ´91, que significa plata segura».

A la vez, agregaron que «otro gran problema es la actualización de los montos en las sentencias. En una época, esto se realizaba sobre la tasa pasiva del Banco Nación, es decir, como si el trabajador hubiese puesto la plata a un plazo fijo».

Y continuaron explicando en el texto del documento que «luego, se dispuso que la misma se calculase con la tasa activa del BN, es decir, que se aplicaba la tasa que el banco cobraba para prestar plata. No obstante esto, una nueva acordada de la Justicia, estableció un porcentaje aún mayor al que ganaban los bancos por prestar plata; con lo que se llegó a un 35%. Es decir, que con solo la demora del juicio, el monto aumenta un par de veces».

Además, cargaron tintas con cifras que destacaron que «el empleo no registrado aumento desde el ´91 y no disminuyó, con lo cual la Ley de Empleo no cumplió su cometido pero sigue vigente, ocasionando graves problemas a los que tienen a sus trabajadores registrados».

Por último, consignaron respecto de la legislación vigente, que cuando «una mala Ley le asegura a un trabajador que va a cobrar más con juicio que trabajando se crea la industria del Juicio. Es necesario un productivo debate para garantizar los derechos de los trabajadores sin resentir la generación de Producción y Trabajo», concluyó el escrito.

Este lunes el presidente Macri, volvió a cargar contra la «mafia» detrás del sistema y apuntó contra el kirchnerista Héctor Recalde, además de contra jueces y abogados laboralistas.