Por Florencia Vizzi

La muerte de Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina durante dos períodos consecutivos, entre los años 1989 y 1999, impone un repaso por la política económica desplegada en ese período y que desembocó en una crisis social de profundas proporciones. Aquellos que aún pueden recordar las promesas de campaña que llevaron a Carlos Menem a obtener el holgado triunfo electoral que le abrió las puertas de la Casa Rosada, también tendrán presente el estupor con el que vieron derrumbarse las esperanzas generadas por aquellas promesas, tras diez años de gobierno que dieron por tierra con cada uno de los ladrillos que sostenían la Doctrina Nacional Justicialista.

La historia de los orígenes militantes del ex mandatario y su trayectoria en esos primeros años en la arena política, hacían suponer un gobierno que se volcaría a promover los principios que el peronismo había establecido como su base inamovible: estado de bienestar, protección y desarrollo de la industria nacional, nacionalización de los servicios públicos, regulación e intervención estatal en la economía, regulación del mercado financiero, sustitución de importaciones y redistribución de los ingresos a favor de los trabajadores. Pero eso no fue lo que pasó, sino todo lo contrario.

Carlos Menem fue un exponente de su generación alineado y leal a  la figura de Juan Domingo Perón, tanto así, que fue parte de la comitiva que acompañó al general en el avión que lo trajo de regreso desde el exilio. Su figura casi mítica de caudillo, a imagen y semejanza de Facundo Quiroga, a quien admiraba en forma manifiesta, melena, poncho y patillas, sumado a su innato carisma y su gran habilidad política le fueron granjeando poco a poco un lugar destacado dentro del Partido Justicialista. Además, una capacidad semejante a la de los equilibristas, lo mantenia en buenas relaciones con todas las corrientes que abrevaban dentro del peronismo.

Tras la caída en picada del gobierno de Ricardo Alfonsín, acorralado por los mercados financieros y la hiperinflación, Menem asumió su cargo en forma anticipada. Había obtendio el 47,51% de los votos y se había convertido en la encarnación de la esperanza de millones de argentinos que esperaban la revolución productiva y el salariazo prometidos.

Sin embargo, con el poncho y la frondosa melena, que quedaron afuera de la Casa Rosada, también quedaron las promesas. Y en los años subsiguientes el mandatario hizo un giro de 180 grados y se volcó de lleno a las recetas del consenso de Washington y a la ola neoliberal que se adueñaba del mundo, derribando una a una las bases políticas y económicas del partido que lo había llevado al poder, cultivando una serie de alianzas con los sectores más conservadores (incluso con los más tradicionalmente antiperonistas) del país. De hecho, a pocos días de asumir su mandato protagonizó un hecho que desnudaba el alma de lo que vendría. Visitó, besó y abrazó a quien se consideraba uno de los enemigos emblemáticos del peronismo, el ideólogo de los fusilamientos del 55 y el bombardeo a Plaza de Mayo, el almirante Isaac Rojas.

Menem supo hacer incluso lo que ni siquiera había conseguido la dictadura cívico militar,  desmembrando lo que aún quedaba de los primeros gobiernos peronistas, concretando un minucioso desguace del Estado en una ola de privatizaciones que arrasaron con todos los servicios y empresas del Estado:  Entel, Gas del Estado, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Obras Sanitarias, Aerolíneas Argentinas, los aeropuertos, el correo, la energía Eléctrica, los medios de comunicacación, los emblemáticos ferrocarriles y las rutas. Ni siquiera quedó en pie la petrolera estatal YPF y el sistema previsional que fue entregado al millonario negocio de las Administadoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

Si bien la prédica privatista iba contra «el monopolio estatal», no corrieron las mismas reglas para las empresas adjudicatarias, que gozaron de un virtual monopolio y se distribuyeron territorialmente la provisión de servicios, lo que transformó a los usuarios en rehenes de las empresas que fijaron a su gusto las tarifas y redujeron los servicios a los territorios que mayores ganancias les brindaban, algo que a día de hoy, seguimos padeciendo.

En tanto, indultó a los jefes militares que habían sido condenados por los crímenes aberrantes cometidos en la dictadura e impidió la posibilidad de que avanzaran nuevos juicios. Además, propició las «relaciones carnales» con Washington y sometió el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas en pos de una «reconciliación» con Gran Bretaña.

Maldita convertibilidad (*)

En 1991 Carlos Menem convocó a Domingo Cavallo para que se pusiera al Ministerio de Economía y así se puso en marcha el tristemente célebre Plan de Convertibilidad, (más conocido como el uno a uno) que, literalmente, liquidó a las pequeñas y medianas industrias y a los productores del campo, asolando la producción y la economía nacional.

  • El reemplazo del modelo de sustitución de importaciones por uno de apertura comercial indiscriminada arrasó con la estructura económica y social del país.
  • Las privatizacionese profundizaron el proceso de desindustrialización, y la apertura comercial y financiera promovió un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento de las tasas de interés y aumento de la deuda, sembró la devastación en la industria nacional.
  • El programa de privatizaciones de empresas del Estado, que buscó aprovisionarse de los dólares necesarios para sostener la paridad cambiaria, generó una alta tasa de desocupación que superaba el 14%, duplicando así el porcentaje con el que inició su mandato.
  • El proceso de flexibilización laboral, que se inició con el argumento de la reducción de costos y el aumento de productividad, provocó la pauperización de vastos sectores sociales con grandes pérdidas de fuentes de trabajo y abrupta caída del poder adquisitivo.
  • Al tiempo que esas políticas de flexibilización, que incluían por ejemplo, reducción de aportes patronales o aumentos ligados al incremento de la productividad, perjudicaban vía reducción de salarios e indemnizaciones a los trabajadores, beneficiaban directamente a los grandes empresarios.
  • Se potenciaron los índices de desigualdad de ingresos, precarización laboral y desempleo.
  • Hacia 1.999 los índices de pobreza alcanzaron un 40%, afectando a más de 13 millones de personas.
  • La deuda externa se incrementó en forma desbocada, pasando de los 63.000 millones de dólares que registraba en 1.989 a 115.000 millones al final de la década del 90.
  • La fuga de capitales rondó los 139.0000 millones de dólares durante sus mandatos.

Toda la flexibilización posible (**)

La legislación laboral estuvo destinada a disciplinar y poner a tono a los trabajadores con la década neoliberal:

  • Aún antes de la convertibilidad, dos decretos emblemáticos del año 1989 anticipaban lo que se venía, el 1477 y 1478, que permitían pagar parte del salario en tickets que, privados de su carácter remuneratorio, constituían una transferencia de recursos de los asalariados y el Estado a favor de las empresas.
  • En 1990 se dispuso, con el decreto 1757, la derogación de claúsulas de convenios colectivos en empresas sujetas a privatización, eliminando derechos de los trabajadores en beneficio de quienes resultarían adjudicatarias de aquellas. En 1992, con otro decreto se dergoaron las mejores cláusula de los convenios colectivos marítimos y portuarios.
  • El 17 de octubre de 1990, fecha simólica si las hay, con el decreto 2184, bajo la excusa de reglamentar la huelga en los servicios esenciales, se permitió al Ministerio de Trabajo prohibirlas solapadamente, imponiendo el cumplimiento de servicios “mínimos” que llegaron a fijarse en el 90 y hasta el 100 por ciento aún en actividades no esenciales según los criterios internacionales.
  • Con la ley 24.013, entraron en vigencia los llamados «contratos basura», bajo el nombre de Ley Nacional de Empleo, que disponía modalidades de contratación a disposición de los empleadores que privaban a los trabajadores de estabilidad, eliminando o disminuyendo la indemnización por despido hasta entonces vigente; obligó a que los convenios colectivos negociaran sobre flexibilidad laboral (polivalencia y movilidad funcional) y habilitó la violación del límite máximo de jornada laboral histórico e impuesto por normativa internacional de 8 horas diarias o 48 semanales. Posteriormente, en 1995, con la ley 24.465 se creó una régimen con un falso período de prueba, (que en realidad era un período de inestabilidad absoluta) que podía llegar hasta 6 meses. Eran contratos parciales a fin de reducir contribuciones patronales, y una modalidad que denominó “de fomento del empleo” por la cual se privaba de toda estabilidad en el empleo a los varones de más de 40 años, a las personas con discapacidad, a las mujeres (de cualquier edad) y a los ex combatientes de Malvinas. A todos estos contratos basura se agregaban los de aprendizaje y pasantías, que tampoco generaban estabilidad ni indemnización; por todo lo cual casi ningún trabajador tenía protección contra el despido.

A estas leyes se le fueron sumaron varias más, entre ellas, la de Concursos y Quiebras y las de ART, que profundizaban aún más la flexibilizción laboral en favor de los empresarios y en detrimeto de los derechos de los trabajadores.

*Fuente: La economía menemista: una década de transformaciones que terminó en una profunda crisis (Luis Di Nardo para Noticias Argentinas)

**Fuente: Reformas laborales durante la convertibilidad y la posconvertibilidad (Héctor Pedro Recalde)