Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El bloque Cambiemos aprobó el dictamen en comisiones del proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que entre otras cosas habilita a las empresas privadas puedan aportar a las campañas y establece la bancarización del sistema.
La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado la semana pasada, se debatió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli; Justicia, a cargo de Diego Mestre (UCR Córdoba), y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Luciano Laspina (PRO).
La intención del bloque oficialista era tener el dictamen de la iniciativa con vistas a convertirla en ley en la sesión de la Cámara baja prevista para el 8 de mayo próximo.
Daniel Lipovetzky
En dialogo con Conclusión el diputado Daniel Lipovetzky, dijo a titulo de aclaración que la reforma que se debatirá el mes próximo en el recinto difiere del «régimen actual que es mixto, es decir que una parte la aporta el «Estado y la otra la aporta el sector privado».
«Hay países que solamente son financiados por el sector público, como también existen otros en los que el financiamiento proviene del sector privado en forma exclusiva», explicó el legislador de Cambiemos.
Ante el caso de la reforma en Argentina, Lipovetzky indico que «tenemos una mezcla, y lo que habilitamos con la aprobación del dictamen es que haya un aporte no solo de personas físicas, sino también de personas jurídicas».
Aunque el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, adelantó que «no podrá haber aportes anónimos, no pueden hacer donaciones proveedores del Estado, como que tampoco se podrá hacer aporte que no sea mediante transferencias bancarias.
El proyecto de financiamiento de partidos políticos, que unificó varias iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición, fue aprobado la semana pasada por el Senado. Debido al consenso que logró finalmente el proyecto en la Cámara alta, el oficialismo confía en que contará en Diputados con el respaldo de los bloques del Frente Renovador y del Bloque Justicialista.
El proyecto levanta la prohibición para que las empresas privadas puedan aportar a las campañas, y bancarizar los aportes de dinero con el objetivo de que no haya fondos provenientes de actividades ilícitas en este campo.
Además, establece que las agrupaciones no podrán recibir de una misma persona -humana o jurídica- un monto superior al dos por ciento de los gastos permitidos para cada campaña electoral.
