VIERNES, 29 DE NOV

Bullrich fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público

La acusación la presentó el abogado Gregorio Dalbón y es por el operativo de seguridad durante la manifestación del miércoles pasado, que arrojó como resultado el daño provocado a una niña de 10 años con gas pimienta.

 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada este viernes por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales. «Es gravísima la situación. Se violaron derechos humanos de una niña», escribió el letrado en su cuenta de la red social X.

La escalada de violencia propiciada por las afueras de seguridad, comandadas por la ministra, dejó como resultado la agresión con gas lacrimógeno a una pequeña de 10 años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.

 

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Esta presentación se suma a la realizada en Comodoro Py contra la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por violación de deberes de funcionario público durante la protesta frente al Congreso. Esta acusación contra la número dos de Bullrich -y una de sus principales mujeres de confianza- fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García. El caso quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

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