La diputada provincial del bloque Lealtad Kirchnerista y exdefensora pública oficial en la Cámara Federal de Casación Penal, Matilde Bruera, abordó el debate en torno a la colocación de fibra óptica en los penales y aseguró que la medida sumará seguridad al reducir los traslados de las personas que están detenidas. De esta manera, se diferenció del intendente Pablo Javkin, que dijo que el fortalecimiento del sistema de conectividad en cárceles se traducirá a más muertes en Rosario. Para la legisladora santafesina, esta opinión es hija del desconocimiento y debe cambiarse el foco de la discusión para atacar el problema de fondo, más asociado a la corrupción que funciona dentro de los establecimientos penitenciarios.
Bruera sostuvo que un primer error al analizar este tema es dejar de lado que en las cárceles no solo están las personas que se encuentran detenidas, sino que también existe una administración de grandes dimensiones que requiere una conectividad eficiente para realizar sus tareas cotidianas, al igual que el resto de las instituciones. Una mejora tecnológica que garantice un buen servicio -entonces, al menos en principio- fortalecería al servicio penitenciario, no lo haría más vulnerable. Aun así, para que esto último no se produzca, es fundamental modificar «el desgobierno de la institución», producto de «un alto grado de corrupción dentro de los penales».
«Por otra parte, en las cárceles es necesaria la conectividad porque, sobre todo tras la pandemia, se ha instalado la modalidad de hacer audiencias virtuales para evitar los traslados. Si no hay conectividad, estas audiencias no se pueden hacer. Evitar un traslado también es una cuestión de seguridad», señaló la también profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en declaraciones a Conclusión.
El debate se instaló a inicios de semana a raíz del cuestionamiento del intendente Pablo Javkin al plan de conectividad que está ejecutando el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para llevar fibra óptica da los establecimientos penitenciarios federales. Según el mandatario, «eso que instalan en (el penal de) Marcos Paz, va a traducirse en muertes en Rosario». Estos dichos generaron la respuesta de Raúl Gonzalo Quilodrán, uno de los integrantes del directorio del Ente, que sostuvo que «el desconocimiento del intendente es una vergüenza». El titular del Palacio de los Leones contestó estas críticas y ratificó el reclamo, a la vez que planteó que las autoridades nacionales toman estas medidas porque «no saben lo que pasa acá», donde «el 95% de los hechos graves que se producen surgen desde las cárceles».
Ante estos cruces, Bruera entiende que «el intendente malinterpreta» el plan de conectividad y el aporte de tecnología para mejorar las comunicaciones, que -reiteró- «suma mayor seguridad a los penales».
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«Por otro lado, en Santa Fe no hay cárceles federales. Esto lo conozco mucho porque he sido defensora federal en la provincia: los presos, ante cualquier trámite que tengan que hacer en tribunales federales de la provincia, tienen que ser trasladados desde Buenos Aires -Marcos Paz, Ezeiza, Devoto o donde estén alojados- hasta acá. Entonces, con la conectividad se evitarían esos traslados. Eso aumenta la seguridad, no la disminuye. Al contrario, esta es una medida para evitar riesgos», detalló.
«Tal vez no se eviten todos los traslados, pero sí una gran cantidad, que además son muy tortuosos para los presos, ya que habitualmente suelen recorrerse todas las cárceles para traer detenidos de todas ellas», amplió la abogada.
NO CONFUNDIR EL PROBLEMA
La diputada provincial no desestimó en ningún momento el problema de los detenidos que dirigen el delito desde los penales y planteó su preocupación al respecto, pero consideró que debe desplazarse el foco de la discusión para abordar el problema de fondo: el desgobierno de la institución penitenciaria.
«Que haya algunos presos que dirigen el delito desde los penales, tiene que ver con el gobierno que se tenga de la población penitenciaria. A eso hay que manejarlo. Es una historia más vieja que la cárcel, no es novedoso, viene desde siempre. Es más, cuando no había internet también se manejaban los delitos desde las cárceles», advirtió Bruera.
Y acentuó: «Hay muchas formas de comunicación desde las cárceles con el afuera, no solamente el internet. Además, los presos no solo se comunican por teléfonos, lo hacen a través de otras personas. Todo esto tiene que ver con el gobierno de las cárceles. Esa posibilidad de organizar delitos desde ahí tiene que ver con un desgobierno de la institución, porque hay un alto grado de corrupción dentro de los penales. Eso es lo que hay que manejar».
El intendente rosarino basó sus críticas puntualmente en una parte de la Resolución 2183/2021 -que aprobó la implementación del Programa de Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal- publicada en el Boletín Oficial el 3 de enero del año pasado, donde se indica que el plan servirá para mejorar «el contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales de las personas privadas de la libertad». Según el mandatario, basta con preguntarse «quiénes son los allegados de un jefe narco» para entender «la gravedad» de el tema.
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Aun así, en todo momento pidió mantener la mirada puesta en el origen de la problemática: «Hay muchas formas de ingresar corrupción a los penales. Por eso digo que estos delitos tienen que ver con el gobierno de la institución y no con los medios técnicos que se incorporen, que por otro lado son inevitables. Es como querer eliminar los celulares porque los trabajadores de las fábricas no trabajan porque tienen celular. La tecnología avanza y hay que gobernar con ella».
«La posibilidad que tienen algunos presos de actuar desde las cárceles tiene que ver más con la corruptela que funciona dentro de las cárceles que con los medios técnicos que se dispongan», aseveró.
DERECHO A LA COMUNICACIÓN
En ese marco, la abogada también resaltó que las personas que están detenidas están privadas de la libertad, no de comunicación, porque es un derecho. De esta manera, coartarles la posibilidad de comunicarse atentaría directamente contra la función de los penales, que es la resocialización.
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«De ninguna manera los presos pueden quedarse sin comunicación. La resocialización implica una conexión con la sociedad, no una ruptura de vínculos con la misma. Es al revés, en los penales se trata de reforzar el vínculo familiar y social para que esa persona salga a la calle insertada socialmente y así tener una vida digna dentro de los parámetros legales», explicó.
Y concluyó: «Privar, aislar totalmente a los presos, impedirles la comunicación con la familia y demás es tortura; es un trato inhumano y sería una pena ilegal. La pena de prisión solo priva la libertad ambulatoria y no de comunicación».
