Centenares de entidades comerciales, industriales y de servicios de Brasil compraron este domingo cuatro páginas en los principales diarios para defender la congelación del gasto público durante 20 años, impulsada por el gobierno liberal-conservador de Michel Temer.
La medida se inscribe en una campaña de gran intensidad para rebatir los cuestionamientos a ese proyecto, principalmente por el impacto que podría tener en las áreas de salud y educación. El gobierno alega por su lado que esa posición es la única alternativa para evitar «la quiebra» del país.
Un nuevo e inesperado frente se abrió el viernes, cuando la Fiscalía de la República advirtió que la congelación del gasto durante dos décadas, que el Congreso se apresta a votar, «viola la separación de poderes» y llevará a «limitar, perjudicar, debilitar el desempeño del Poder Judicial».
Ello se debe, según la Fiscalía, a que la medida puede «disminuir la actuación estatal en relación a las demandas de la sociedad, entre ellas el combate de la corrupción».
El gobierno cerró filas y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, atribuyó la crítica a la defensa de intereses sectoriales.
«Todas las instituciones son tratadas del mismo modo en esa propuesta». La contestación «es un proceso normal, de diversas categorías que defienden sus intereses» y este «es un proceso legítimo de enmienda constitucional, característico de la democracia», zanjó Meirelles desde Washington, donde participó en la reunión semestral del FMI y el Banco Mundial.
«El techo de gastos es un remedio indispensable», proclama en grandes letras verdes de molde, sobre fondo beige, el comunicado empresarial publicado el domingo.
«No hay alternativa», es necesario colocar un límite a los gastos del gobierno, a fin de «recuperar la credibilidad, reducir el endeudamiento y las tasas, aumentar la oferta de crédito y retomar el tan necesario crecimiento económico con generación de empleo», prosigue.
«Vamos a sacar a Brasil del rojo», proclamaba otro anuncio a toda página, publicada la semana pasada por el gobierno.
Una fórmula que apunta -aunque el gobierno niega que esa haya sido su intención- a sacar a Brasil del «rojo» de la deuda y a dar vuelta la página de trece años de gobiernos del PT, con Lula da Silva (2003-2010) y luego con Dilma Rousseff, quien fue destituida este año, acusada de manipulación de las cuentas públicas.
La crisis política tuvo por telón de fondo un cuadro recesivo en la economía, con un rápido aumento del endeudamiento y del número de desocupados.
La congelación de gastos es la primera medida del gran ajuste impulsado por Temer, quien fue confirmado en el cargo a fines de agosto tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. En la fila vienen otras con fuerte contenido polémico, como la reforma del sistema de jubilaciones y de la legislación laboral.
