Bienes comunes liberados al capital extranjero: ¿qué dice el decreto sobre la venta del territorio nacional?

Por Alejandro Maidana

«Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende», Arturo Jauretche.

El pasado miércoles el presidente Javier Milei anunció por medio de una cadena nacional la derogación y la modificación de más de 300 normativas como parte de su uEn el video grabado, el mandatario libertario adelantó treinta de las principales medias que tomará para desregular la economía.

La totalidad del gabinete de Ministros del gobierno de La Libertad Avanza acompañó a Milei en lo que él calificó como «el proceso de transformación más audaz de los últimos 40 años», donde adelantó que se derogará entre muchas otras, la Ley de Tierras 26737. Lo que significaría poder hincarle la última estocada a una soberanía herida de muerte.

Bajo la rancia y trillada excusa de transformar la realidad mediante la entrega y concentración de privilegios, el gobierno actual prepara un sinfín de avanzadas contra la enorme mayoría que habita que suelo, incluso no seleccionando entre quienes decidieron acompañarlo con el voto de los que no. Un exterminio anclado en la inconstitucionalidad y la falta de escrúpulos, un camino que claramente solo puede desembocar en la incendiaria apertura de las puertas del infierno.

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Para conocer en profundidad el impacto que podría significar una ley que rige desde 2011, es menester la lectura de este artículo que pretende aportar la claridad necesaria a la hora de manifestar la implicancia de la misma en la vida de esta nación. La médula de la ley 26737, tiene su nacimiento en la regulación de la administración del suelo. También conocida como “ley de protección de tierras rurales”, ésta limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes, o que están en zonas de seguridad de fronteras.

En su artículo 2º, configura con claridad el objeto del aún vigente postulado:

a) Determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras, conforme las previsiones de la presente ley;

b) Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción.

La ley de tierras rurales nace de una demanda social a partir de la denuncia del acelerado proceso de extranjerización del suelo, se sanciona en 2011 y establece un restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros, por lo que su derogación implica una entrega de soberanía de nuestro suelo y de tierras fértiles a corporaciones extranjeras que ven a nuestro país, solo como una gran canasta de recursos a explotar y saquear.

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En función de la derogación de la ley 26.737, denominada ley de tierras rurales, tenemos que decir que la entrega de nuestros suelos cultivables, cuencas y fronteras a corporaciones y capitales extranjeros, se da en un contexto de disputa geopolítica entre China y Estados Unidos por el control de los recursos naturales de todo el sur global. Por ello su derogación representa una gravedad institucional y socioambiental notable.

Voces que se levantan ante la explícita entrega de soberanía y recursos estratégicos

Un punto fundamental de la ley, es que prohíbe la titularidad o posesión por parte de personas extranjeras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes o los ubicados en zonas de seguridad de frontera. “Por lo que su derogación implica que capitales extranjeros puedan además de comprar sin límites ni restricciones nuestro suelo rural, también disponer de nuestros sistemas de cuencas fluvio-marítimas, apropiándose de ríos, riachos, lagos, lagunas incluso de aquellos que se encuentran en zonas fronterizas”, le dijo a Conclusión el abogado ambientalista Lucas Micheloud.

Esto no solo significa la pérdida de soberanía sobre nuestros suelos ecológicos integrados, sino la sesión de nuestra seguridad nacional a privados en estos corredores biológicos y de frontera. “Finalmente, ceder soberanía sobre nuestros bienes comunes más preciados y estratégicos, como la tierra y el agua, es preocupante también frente a los eventos climáticos extremos que se han acelerado, como consecuencia del calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Tomando como referencia que los bosques y humedales son reguladores del clima, purifican el agua y regulan sus ciclos, generan infraestructura natural para mitigar los impactos climáticos como las intensas sequías, inundaciones, tornados e incendios que estamos viviendo, entre muchísimos servicios ambientales”.

Por lo tanto, dejar nuestros bienes comunes liberados al capital extranjero, sin restricción y control alguno, implica favorecer y acelerar su mercantilización y privatización cuya lógica económica históricamente ha sido la explotación irracional y el saqueo. “Esto implica, lisa y llanamente, la flexibilización y además el apartamiento total de nuestro país en relación a sus compromisos climáticos y de protección y defensa del ambiente y la salud pública. Esta derogación presenta una gravedad institucional y socioambiental muy grande, ya que se da en un contexto de profunda concentración de la tierra, la renta y la riqueza de nuestro país, en manos de corporaciones y pooles de inversión ligados principalmente a la megaminería, combustibles fósiles y agronegocios, sobre todo a los monocultivos de soja, trigo y maíz, y forestales como el pino y el eucalipto”, enfatizó Micheloud.

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Además, la ley determina que en ningún caso las personas, ya sean física o jurídica de una misma nacionalidad extranjera, pueden superar o concentrar el 30% del 15% asignado a la titularidad o posesión extranjera sobre las tierras rurales. “Por último, la ley prohíbe que un mismo titular extranjero pueda ser titular o poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente. Por lo tanto, la derogación conlleva directamente a la liberación total de la compra o posesión de las tierras en capitales extranjeros. Este proceso de extranjerización de nuestros suelos fértiles se traduce en la pérdida de soberanía sobre bienes comunes asociados al suelo y al agua y desplazamiento de sectores vulnerables como comunidades campesinas e indígenas que vienen resistiendo el avance de la mega minería metalífera y de litio, la expansión de la frontera sojera-ganadera, foresto industrial y el corrimiento de la explotación hidrocarburífera”.

“La derogación de la ley de tierras que integra el extenso Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei, obedece más que nada a habilitar la extranjerización de la tierra para el capital transnacional. Entonces, hoy no hay otra razón que eso y ni siquiera tiene alguna concordancia o incidencia en modificar la situación de crisis económica, o de impulsar la inversión, ni mucho menos. La ley de tierras es una ley que limitaba la extranjerización de la tierra, que la regulaba, que establecía que no podía venir otro Joe Lewis a comprarse cuerpos de agua de envergadura permanente, o sea, otros lagos, que no cualquiera puede venir y adquirir toda la tierra de los argentinos”, indicó Florencia Gómez Galizzi integrante del GAJAT (Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra).

Aún consternada por un anuncio de ribetes tan escandalosos como inconstitucional, quién fuera la Directora Nacional de Tierras siguió continuó brindando detalles sobre una derogación escandalosa. “Nos encontramos a merced de que pueda venir un Elon Musk o cualquier otro representante del capital transnacional a adquirir la tierra de los argentinos, a comprometer seriamente la provisión de alimentos, a comprometer seriamente los intereses estratégicos y el desarrollo nacional de nuestro país. Porque la tierra es un recurso natural no renovable, es un recurso escaso, un bien escaso. Estamos hablando de algo necesario para que podamos producir los alimentos en este contexto global de crecimiento poblacional, de cambio climático, en el cual cada vez son menos las tierras disponibles para la producción de alimentos, pero la realidad, es que la demanda sigue creciendo”.

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Un dato para nada menor e interesante, tiene que ver una nota realizada en La Nación, más precisamente en La Nación-Campo, donde se explicitaba que en Estados Unidos el precio de la tierra iba en franco aumento. “Y claro que aumentan los precios de la tierra, en todo el mundo suben los precios de la tierra. Si hay algo que no baja nunca es el aumento del precio de la tierra. Y la verdad es que esta es una medida también, en cierta manera, que nos deja fuera del carril que ha tomado el planeta. Cabe destacar que existen varios países que tienen disposiciones sobre el cuidado de los recursos naturales estratégicos de su nación, podemos mencionar a Perú, Italia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. O sea, no es una normativa ¿se entiende? En Austria tampoco un extranjero puede ir a comprar toda la tierra que quiera, de hecho, hay medidas que aprueban los países, pero en materia de poder resguardar el interés nacional. Párrafo aparte, y no es menor, me parece que hay que decir que no se cumplen las circunstancias excepcionales de las que habla la Constitución Nacional para la aprobación de este DNU. Este decreto, tanto por la forma, porque no existen estas circunstancias, y por el fondo por todas las materias que modifica, es claramente inconstitucional. Así que espero que el Poder Judicial dé cuenta de esto cuando se acuda, porque entiendo que va a haber una afluencia de demandas en ese sentido”, concluyó Florencia Gómez Galizzi.

¿Cuál es la necesidad y urgencia de entregar la soberanía de este país profundizando la grave   extranjerización de la tierra que ya padece? Se pregunta Jeremías Chauque, agricultor campesino de Desvío a la Raíz. “La ley 26737 ante todo es el resultado de una demanda social, y la responsabilidad de un estado que debe garantizar derechos y no intereses. Poniéndole un freno a la entrega del territorio, agua, bosques y minerales para su respectiva explotación y mercantilización saqueadora, que recae directamente en la soberanía productiva, identitaria, tecnológica y cultural de las mayorías».

Jeremías Chauque, quién impulsa junto a un notable grupo de compañeros y compañeras la resignificación del uso de la tierra para cobijo de los sectores populares, expresó: “Están entregando al mejor postor la soberanía de nuestro pueblo. Buscan profundizar la estigmatización racista hacia las comunidades Mapuches, suceso aberrante que ya había iniciado su camino en el gobierno de Mauricio Macri. Naciones preexistentes que denuncian y padecen esta problemática histórica, y que siguen siendo una gran referencia en torno a las grandes deudas internas que mantiene el estado argentino. Esta medida inconstitucional deja en evidencia que los 336 puntos del DNU no tienen nada que ver con garantizar derechos al pueblo, ni con un acto de locura, sino todo lo contrario, así piensan, así actúan, son los choznos de la nefasta casta histórica de este país”.

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En total, la tierra extranjerizada de nuestro país asciende a 11.790.229,15 hectárea, una cifra que, si bien se ajusta a ley 26737, invita a reflexionar cobre que Argentina necesitamos para salir definitivamente de perdedor. Si a esto le sumamos que el 1% de las explotaciones agropecuarias concentra el 36 por ciento de la tierra, resulta imposible pensar en un futuro en donde cada uno de los habitantes de este suelo pueda contar con un derecho vulnerado desde el nacimiento del mismo.

Cabe destacar que existen 5.900 registros de tierras extranjeras de los que se desconoce la nacionalidad, correspondientes a 2.230.610 hectáreas según sostiene el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). De ellas, 890 mil están en Santa Cruz; 234 mil, en Chaco; 159 mil, en Chubut y 136 mil, en La Pampa. El RNTR determinó durante la gestión de Cambiemos que mil de esos registros, en rigor, correspondían a manos nacionales. Es decir, esta gestión redefinió la nacionalidad no por el país donde está radicada la sociedad dueña de la tierra, sino por el origen de sus accionistas. Dos proyectos de país en pugna, siglos de una disputa cultural que nos sigue mostrando como la colonización, hoy solo necesita de dos ejércitos, el mediático y el judicial.