Avanza el pedido de expulsión de la fiscal Cristina Ferraro por su actuación en el caso Oldani

Este miércoles el diputado provincial Leandro Busatto presentará, ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, el pedido formal de reapertura de la investigación a la fiscal Cristina Ferraro por su desempeño, cuanto menos, irregular, en la causa por el homicidio del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero de 2020.

Busatto avanzará en el pedido de remoción del cargo de Ferraro, tras la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario de confirmar su procesamiento por los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, porque permitió que sacaran en forma clandestina el dinero que había en una caja fuerte y en oficina de la agencia de turismo – que funcionaba además como financiera- horas después del asesinato de su dueño, Hugo Oldani, en febrero de 2020. El dinero fue retirado por la hija y el yerno de Oldani y un matrimonio amigo, pero nunca se documentó formalmente ese retiro y tampoco quedó asentado el monto total de dinero aunque el fiscal que investigó el caso, Walter Rodríguez, estimó una cifra aproximada en 1.100.000 dólares y 3.000.000 millones de pesos. 

Cristina Ferraro está procesada desde junio de 2022, en la causa que se inició con una denuncia del exministro de Seguridad, Marcelo Saín, en 2020. El procesamiento se extendió también al empresario José Luis Hernández –yerno de Oldani- y a dos amigos de su esposa: la abogada Virginia Venetucci y Diego Medero. La hija de Oldani, Virginia y una empleada de la empresa están procesadas en otra causa por supuesta “intermediación financiera no autorizada” que pasó a juicio oral en febrero de 2022. 

En noviembre pasado, la Legislatura suspendió a Ferraro por cinco meses, hasta el mes de abril, pero esta semana, el diputado Lenadro Busatto adelantó que pedirá la reapertura del “proceso disciplinario y la sanción más dura”.

El plazo por el que Ferraro fue suspendida vence el 24 de abril y eso abre dos posibles escenarios: que sea expulsada del Ministerio Público de la Acusación antes de esa fecha o que no se avance en la remoción antes del 24 y, entonces, el 25 de abril la fiscal volvería a cumplir sus funciones a pesar de estar procesada por la Justicia Federal.

En ese sentido, Busatto fue contundente. En una entrevista con Aire de Santa Fe señaló que hay un total de 69 legisladores de diversas fuerzas políticas que repiten a diario que la ciudadanía necesita gestos contundentes. «Acá tenemos uno y vamos a ver cómo nos paramos frente a esa situación». «Es una prueba patente de hasta cuándo la política, en todos sus niveles, se preocupa realmente por la ciudadanía. Cada vez que aparecen episodios de inseguridad o mala administración de Justicia, escuchamos batir el parche a toda la política. Acá tenemos un caso concreto y no hay demasiados grises: o se está a favor de una funcionaria judicial que probablemente ha cometido delito, que tiene una causa abierta en la Justicia Federal y que ha sido bochornosa su investigación en un caso realmente grave; o se busca llevar adelante un proceso para lograr una Justicia mejor de la que Santa Fe tiene».

El diputado peronista remarcó que más allá de la evolución de la causa, hay suficientes motivos para que Cristina Ferraro ya no está a cargo de una Fiscalía. «Es contradictorio pensar que alguien que realizará investigaciones penales esté procesada por la Justicia Federal».

En cuanto a si Ferraro actuó de «motu proprio» o si recibió órdenes, Busatto señaló que si bien eso no aparece en la declaración que hizo en la Legislatura, «pero en la declaración judicial, aparece claramente comprometido el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti». «Por lo menos ella alega haber recibido órdenes de él, así que hay mirar hacia los costados y hacia arriba para saber qué sucedió. Será motivo para que lo examine la Justicia Federal y, a partir de ahí, probablemente se desprendan otros elementos».

La noche del crimen

La noche del crimen la fiscal Ferraro llegó a la Galería Rivadavia, donde ocurrió el homicidio, con un grupo de policías. A la par llegaron los   familiares de Oldani, a quienes se les permitió ingresar a la escena del crimen desde donde retiraron más de tres millones de pesos y más de un millón de dólares, que poco antes habían sido fotografiados por los investigadores.

Pero además de retirar el dinero, a los familiares de Oldani también se les permitió el acceso a los familiares a las computadoras de la empresa  vía remota, lo que les habría posibilitado borrar información sobre el tipo de negocios que se realizaban en la empres de Turismo (todas las sospechas apuntan a una «cueva financiera»).

En su defensa, la fiscal admitió que permitió el ingreso a la escena del crimen de los familiares de Oldani, pero dijo no haberse dado cuenta de que se llevaron bolsos, mochila y una caja, a pesar de que se encontraba a pocos metros.

Asimismo, no pudo explicar por qué las cámaras de seguridad que apuntaban hacia las oficinas fueron desconectadas por policías, también en su presencia.

Para los jueces de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, se encuentra acreditado que luego de culminados los peritajes y momentos antes de que se colocara la faja de clausurado en las oficinas de Oldani, Ferraro autorizó el ingreso de la hija del empresario y de otras personas.

Además, «conocía la existencia de una enorme cantidad de dinero que no había sido contabilizado y que debía ser resguardado». Los camaristas consideran que «también permitió que se retiraran del lugar cargando bolsos, cajas y mochilas sin haber documentado formalmente su contenido».

El tribunal sostuvo también que, «debiendo hacerlo, no ordenó la apertura de la caja fuerte hallada en el lugar ante la negativa de la hija de Oldani por motivos inoponibles, consintiendo de esa forma que su contenido permaneciera incierto».