El desastroso estado en el que se encuentra la autopista Rosario-Santa Fe habilita al menos la preocupación y la crítica de quienes la utilizan debido a que como indicaron algunos diputados provinciales, “la seguridad vial de los usuarios hoy no existe”.

En ese sentido, los diputados del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini y Germán Bacarella habían solicitado ayer, después de la reunión de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la provincia, que debido al incumplimiento de la empresa, el gobierno debía rescindir inmediatamente la concesión de la autopista, ejecutar el fondo de garantía que figura en el pliego y debía hacerse cargo de la repavimentación “para garantizar la seguridad vial de los usuarios que hoy no existe”.

En ese sentido, Héctor Cavallero dijo que “la empresa no cumplió, es la primera responsable y debe ser sancionada”.

En el marco de una entrevista concedida esta mañana a Radio Nacional Rosario, el ex intendente de Rosario explicó que “hay dos organismos de control, uno que lo fija el propio Poder Ejecutivo y que está constituido por una serie de profesionales, y hay otro control cruzado de una unidad especial que creó el  Tribunal de Cuentas de la provincia, que se llama Unidad de Auditoría Uno y es exclusivamente para la autopista Rosario-Santa Fe; los dos fracasaron”.

“El mantenimiento de la autopista es un desastre, yo viajo todas las semanas y veo que los camiones van por la izquierda porque por la derecha no se puede andar más en muchos tramos de la autopista por las hondonadas, y no quiero decir lo que es viajar de noche que uno anda con el corazón en la mano, y los días de lluvia, si podemos no viajar, no viajamos porque es un peligro total”, contó el diputado su experiencia personal.

En tanto, su compañero de bloque Germán Bacarella expuso en un comunicado: “Lo que hace el gobernador con este tema es como el cuento de la buena pipa. Ahora otra vez vamos a pagar el incumplimiento de los privados anteriores y vamos a volver a entregar la explotación con la inversión hecha por el Estado a otros privados”.

“Estamos ante un nuevo barquinazo de gestión del Frente Progresista. Tras las serias denuncias por incumplimientos y retrasos en los compromisos de realización de obras, ahora anuncian una rescisión que puede resultar en un nuevo gasto para nuestras arcas provinciales”, señaló Bacarella.

Seguidamente, el legislador agregó: “A esto hay que sumarle que además vamos a solventar desde el Estado provincial la realización de los trabajos de repavimentación, que los tendrían que haber hecho las empresas integrantes de la UTE que administraba la autopista, que se cuentan entre las favoritas del gobierno provincial a la hora de adjudicar obra pública; y encima después pretenden entregar nuevamente a un concesionario la explotación de los peajes. ¿Cuál es el beneficio de todo esto para los usuarios de la autopista y para el conjunto de las santafesinas y santafesinos?”.

Por su parte, el diputado del Frente Progresista Fabián Palo Oliver sostuvo: «Damos por hecho que el gobierno finalizará esta concesión de la manera más conveniente a los intereses de los santafesinos y del Estado provincial».

«Estamos en total desacuerdo con el sistema de concesión a un privado ya que lo consideramos totalmente agotado», afirmó con contundencia para después proponer «como alternativa superadora» la presentación de un proyecto en el que la empresa debe estar constituida en un 51% por el Estado Provincial, en un 30% por los municipios que existen a lo largo del corredor entre Santa Fe y Rosario, y un 19% por capital privado», que permitan, además, contemplar la estabilidad laboral de los trabajadores.

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