POR MANUEL PAROLA
La legislatura provincial aprobó este miércoles por la tarde una profunda modificación en el Código Procesal Penal de la provincia, integrante del paquete de leyes orientadas a una reforma judicial, uno de los objetivos del gobierno de Maximiliano Pullaro. Las modificaciones van desde la ampliación de los tiempos de fiscalía para revisar las detenciones preventivas hasta la implementación del carácter optativo de las audiencias imputativas y modificaciones en el régimen procesal penal más utilizado en la seccional Rosario: los procedimientos abreviados.
La iniciativa tenía el objetivo de modificar el anterior Código, cuya implementación fue votada y aprobada -con mínimas reformas y emparches- en 2007. Las reformas fueron discutidas y negociadas por los diferentes bloques durante varios meses tanto en Senadores como en Diputados. No obstante, el debate no por discutido fue unánime: la Cámara Baja acompañó con los 28 diputados del oficialismo pullarista, acompañados por los legisladores libertarios. Los diputados Carlos Del Frade y Fabián «Palo» Oliver, ambos del Frente Amplio por la Soberanía, negaron en soledad el proyecto.
«Votamos en contra básicamente porque no compartimos las reformas que se votaron, pero desde lo conceptual», aclaró a Conclusión Oliver y profundizó: «Entendemos que el código procesal de la de la provincia de Santa Fe que se aplica desde el año 2014 es superador. El sistema inquisitivo es un modelo mucho más ágil y mucho más transparente. No compartimos algunas reformas que revierten el principio constitucional de presunción de inocencia. Parece más una política pública direccionada en que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto es porque se ha incrementado la cantidad de días horas que una persona puede estar detenida sin tener formulado cargos sin estar imputada”, fustigó el legislador oriundo de Santo Tomé.
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Oliver apuntó que el Código Procesal Penal establecía, hasta el 2018, que una persona podía estar hasta 24 horas detenida sin cargos formales, lo cual luego fue modificado a 72 horas, con la posibilidad de prórroga hasta 24 horas más “y ahora se está proponiendo 96 horas, prorrogable otras 96 horas”.
No obstante, la reforma aplicada a causas por delitos complejos “una persona puede estar detenida sin que se le formule un cargo hasta 15 días, con la posibilidad de estar 15 días más. Esto significa que una persona puede estar hasta 30 días detenido sin que tenga una imputación concreta por algún delito que se supone haya cometido. Esto es un exceso que tiene más que ver con el momento, con el clima de época, con un populismo punitivista que con un código procesal que garantice la persecución del delito sin violentar, justamente, los derechos constitucionales».
El nuevo código suma medidas especiales de investigación y de prueba con nuevas calificaciones hacia los sujetos intervinientes en la causa (informante, agente encubierto, agente revelador, entrega vigilada) y cambia la regulación del registro de las medidas especiales de investigación. Otra de las novedades es la incorporación de la delación premiada a través de la figura del arrepentido. Además, el nuevo código sostiene modificaciones en el procedimiento de los juicios abreviados, la cual es una de las figuras procedimentales más utilizadas por la justicia local.
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El senador por San Justo, el radical alfonsinista Rodrigo Borla fue el encargado de solicitar la integración a la orden del día de la sesión la modificación de más de 40 artículos, la incorporación de siete y la derogación de otros cinco incisos del Código Procesal Penal de la provincia. Los únicos que votaron en disidencia fueron los senadores pejotistas, que se abstuvieron de votar el artículo 20 del proyecto, no sin antes agradecer a la Cámara que la presencia de modificaciones que el sector había propuesto para que el pliego llegara al recinto.
El peronista Rubén Pirola (Las Parejas) fue quien tomó la palabra al momento de resaltar que “desde el Bloque PJ hemos formulado nuestras propuestas a la reforma de la Ley, y agradecemos que hoy algunas de ellas sean parte de esta modificación. Fuimos recibiendo observaciones, críticas y sugerencias de distintos actores del Poder Judicial que permitieron enriquecer el proyecto a través del debate”.
En la Cámara Baja, los legisladores peronismo, junto con los diputados celestes y libertarios se mostraron en contra de los artículos 9, 10 y 20. Este último fue el que más rechazos cosechó al recibir la negativa de los diputados del Partido Socialista (PS).
«Lo único que va a generar es más violencia»
«Es una reforma que no soluciona ninguno de los problemas reales que tiene la justicia penal de Santa Fe y que tienen que ver con los problemas en términos de investigación criminal, con la falta de una política de persecución penal estratégica que priorice los casos más relevantes y va más bien en un sentido contrario», sostuvo a Conclusión sin ambigüedades el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Julián Alfie y profundizó: «Va a profundizar los problemas de la justicia penal santafesina, y de hecho va a destruir aquellos aspectos que sí funcionan bien y que sí eran valiosos. Los está eliminando de prepo».
La organización publicó un documento donde puntualizan dos cuestiones en relación a las objeciones hacia las reformas: «El nuevo Código habilita la posibilidad de que las audiencias no se realicen cuando no haya controversias entre las partes. La experiencia de todas las provincias en donde existe esta posibilidad es que el sistema, básicamente los jueces, los fiscales y las defensas, tienden a evitar la realización de audiencias haciendo uso y abuso de esta facultad de no hacerlas».
En este sentido, Alfie destacó que una menor cantidad de audiencias burocratizaría el sistema: «significa que el sistema que vuelve a la vieja lógica de la Inquisición, donde la ciudadanía no sabe qué, cómo ni porqué se resuelve, en donde los medios de comunicación no tienen acceso al caso, las decisiones se toman de forma más lenta y bajo formas que permiten y promueven el abuso de poder o incluso la corrupción judicial«.
Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
Alfie va más allá en sus argumentos y subraya que «esto es una regresión, una vuelta atrás a lo que se había revertido hace 10 años» cuando se modificó en 2014 el Código Procesal «y sobre todo es una contradicción con lo que el propio gobierno provincial plantea cuando le reclama al Gobierno Nacional la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal, que establece centralmente un sistema de oralidad plena de audiencias para cada decisión que se tome y de limitación a todos los tiempos a todos los plazos incluidos, el de detención».
El otro problema señalado por el abogado radica en los plazos de prisión preventiva: «Que una persona pueda estar 30 días detenida sin que la Fiscalía deba acreditar la prueba que le incrimina es una locura. Es un exceso total que los propios fiscales marcaron como innecesario y que lo único que está promoviendo es una política criminal que va a ser de detenciones masivas, arbitrarias, innecesarias y que probablemente no le toquen ni un pelo a quienes son los verdaderos causantes de la violencia en Rosario que son las máximas eslabones de las cadenas criminales».
«Una política criminal en donde llenas las cárceles de presos de poca monta, lo único que va a generar es más violencia porque esos perejiles, esas personas del último eslabón, son fácilmente reemplazables. Los que no son reemplazables son aquellos a los que el sistema penal en general no llega y va a seguir sin llegar porque lo que está promoviendo el gobierno con esta ley es enfocar la persecución penal en los eslabones más bajos», concluyó Alfie.
Nota CPP Santa Fe Marzo (1) by harry.elciudadano
