Enviado especial a Buenos Aires – Este martes comenzará la gestión del nuevo Consejo de la Magistratura, cuando juren a las 18 los nuevos miembros ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.

El acto será en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, cuando jueces, abogados, diputados, senadores, y un representante del estamento académico presten juramento para integrar el nuevo cuerpo del Poder Judicial que se encarga de la selección y remoción de magistrados y fiscales.

Por la Cámara alta van a jurar Miguel Ángel Pichetto y Ada Itúrrrez de Cappellini, que reemplazarán a Mario Pais y Rodolfo Urtubey, y la senadora riojana de la UCR Olga Inés Brizuela y Doria, que ocupará el lugar del radical Ángel Rozas.

Wado de Pedro

Por la Cámara de Diputados tomarán funciones el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro y la diputada massista Graciela Camaño, en reemplazo de Rodolfo Tailhade y el radical Mario Negri, por lo que el oficialismo pierde un lugar en el Consejo de la Magistratura.

El aval del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti le permitió al peronismo truncar los planes de Mauricio Macri y quitarle un lugar clave en el Consejo de la Magistratura. De esta manera, la Cámara de Diputados de la Nación logró sacar los dos representantes por la mayoría del gobierno nacional.

El cordobés decidió unir filas con el Frente para la Victoria (FpV) y el Frente Renovador (FR) logrando los 131 puntos que dieron por tierra con las intenciones de la Alianza Cambiemos.

De esta manera, se impusieron los nombres de Eduardo Wado de Pedro (FpV) y Graciela Camaño (FR) como consejeros titulares mientras que los suplentes serán Vanesa Siley (FpV) y Martín Llaryora, discípulo político de Schiaretti en Unión por Córdoba (UPC).

El grito en el cielo

Por su parte la conducción de la UCR expresó esta noche su «profundo malestar» ante la nueva composición del Consejo de la Magistratura, y cuestionó la «impericia en las filas del propio oficialismo», al tiempo que advirtió sobre el posible «retroceso» en las causas judiciales contra ex funcionarios del kirchnerismo.

La posición de los hombres del partido de Leandro L Alem, emitieron un duro comunicado con las firmas del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y de ambos jefes parlamentarios, Mario Negri y Luis Naidenoff, en el que se manifestó «preocupación» no sólo por la nueva integración sino por «la forma en la que se ha llegado a esa conformación».

El mandato de los consejeros venció este lunes y está previsto que este martes a las 18 se realice la ceremonia de asunción de los nuevos miembros.

Pablo Tonelli

Carlos Rosenkrantz, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, será quien le tome juramento durante un acto que se celebrará en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

«El proceso de reformas en la Justicia y especialmente el avance en la investigación de hechos de corrupción han sufrido un duro golpe. Está por verse en el futuro inmediato, si ello además no es un retroceso definitivo», señaló el texto.

Al respecto, se refirieron a «las primeras declaraciones de los referentes de las numerosas vertientes del PJ», que -advirtieron- «dejaron por un momento sus diferencias, sus insultos y agravios mutuos, para celebrar un verdadero pacto de impunidad».

«La UCR no está sorprendida por ello. Sería pecar de ingenuidad creer que la lucha por la verdad, las sanciones y el recupero del patrimonio robado, tendría como auxiliares a los mismos que compartieron de un modo u otro la gestión kirchnerista», señaló la conducción radical.

Pero sí señaló que lo que les causa «sorpresa y también profundo malestar» es la «impericia en las filas del propio oficialismo» por la que «se ha afectado una banca en el Consejo de la Magistratura que detentábamos desde su fundación, allá por 1998» y que correspondía a Negri.

«La impericia, mala praxis y desidia política está a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla u ocultarla», alertaron, luego de la sorpresiva maniobra de unidad del peronismo en la cámara de diputados.

Los radicales reconocieron «el enorme esfuerzo político y esencialmente fiscal para negociar con la oposición los apoyos necesarios que aprueben las leyes presupuestarias e impositivas», pero señalaron que «lo que no se entiende, es como a esa agenda económica no se le agregan los temas de agenda institucional».