Asociaciones de Inquilinos de Rosario mantuvieron una reunión con diputados nacionales de Santa Fe para plantear la necesidad de mantener los avances creados por la Ley de Alquileres. Entre los puntos que defienden están los tres años de duración del contrato y el rechazo a los aumentos semestrales.
Los representantes de los inquilinos se reunieron con Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio; Enrique Estévez, del Bloque Socialista; y Eduardo Toniolli, del Frente de Todos. Este último es integrante de la Comisión de Legislación General, lugar donde son debatidas las modificaciones a la ley de alquileres actual. También participaron del encuentro asesores técnicos del diputado Roberto Mirabella (FdT).
Por el lado de las asociaciones estuvieron Ariel D’orazio, de la Concejalía Popular, y Emmanuel Canelli, quien preside la Asociación de Inquilinos de Rosario. Además estuvieron presentes integrantes del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).
Emmanuel Canelli fue el primero en destacar que el encuentro «fue muy positivo», ya que pudieron compartir miradas y diagnósticos sobre la situación que se atraviesa, a la vez que propusieron ejes de trabajo para buscar soluciones a la problemática.
«Entendíamos que el problema debía debatirse de manera amplia, por eso mismo fue que convocamos a los tres bloques de diputados santafesinos que hay en la Cámara de Diputados», explicó Canelli.
El presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario contó que la postura que llevaron al encuentro fue clara: «Entendemos que los tres años de contrato son fundamentales y los derechos afirmados en la ley no tienen que ser dilapidados, sin embargo creemos que el Estado debe focalizar las soluciones a la crisis de oferta de inmuebles, quizás mediante alivios y beneficios fiscales».
Por su parte, el integrante de la Comisión de Legislación General y diputado santafesino por el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, señaló que actualmente «estamos atravesando un grave problema de oferta de inmuebles para alquileres, y sobre eso hay que trabajar, generando beneficios fiscales. Asimismo, entendemos que hay que hacer una diferenciación entre, por un lado, el pequeño propietario atravesado por la incertidumbre por la situación económica y, por el otro, la quita de inmuebles para alquileres por parte de grandes tenedores».
«En este último caso estamos frente a una operación del mercado inmobiliario para abonar a la crisis habitacional que atravesamos y boicotear los aspectos de la ley que protegen a los inquilinos», advirtió el legislador justicialista.
Germana Figueroa Casas, integrante de Juntos por el Cambio, sostuvo a su turno que «escuchar la posición de los inquilinos es enriquecedor». La diputada nacional aprovechó el encuentro para compartir con las Asociaciones un proyecto que planean presentar, el cual intenta colaborar desde la parte impositiva «trabajando sobre la categorización fiscal de los propietarios, y de esta manera beneficiar a los propietarios de pequeños inmuebles, generando un aumento en la oferta».
En ese marco, el legislador del bloque Socialista, Enrique Estévez, analizó que «es necesario generar mayores incentivos para aumentar la oferta en el mercado inmobiliario, con condiciones justas y equitativas para evitar especulaciones que vulneren los derechos de los inquilinos a la vivienda, establecidos en la ley actual».
El representante de la Concejalía Popular, Ariel D’Orazio, consideró que el dialogo con los diputados nacionales de Santa Fe fue fructífero, ya que les permitió trasladarles la necesidad de sostener los avances creados por la Ley 27.551. En esa línea, planteó que es importante sostener el plazo mínimo de tres años y rechazó los aumentos semestrales.
Desde el espacio además manifestaron el deseo de generar incentivos a la vivienda en alquiler y ejercer un control sobre la vivienda ociosa. Para esto proponen la creación de un Observatorio Nacional de la Vivienda, con el fin de generar estadísticas oficiales sobre el universo de la población inquilina.
A falta de estadísticas oficiales, Cristián Berardi, economista del CESO compartió los datos que proporciona el Monitor de Precios de Alquileres de la ciudad de Rosario, que releva el propio Centro de Estudios y permite observar la evolución tanto del precio de oferta de las viviendas en alquiler como de la cantidad de viviendas ofertadas en la ciudad desde febrero 2019 a esta fecha.
Berardi remarcó que “la implementación de la ley de alquileres a partir de junio de 2020 tuvo como efecto indeseado la caída de la oferta de viviendas para alquilar y la suba del precio de mercado de los alquileres. Sin embargo, pensar en la derogación de la ley es un retroceso para los inquilinos, quienes se ven beneficiados con una mayor estabilidad dado por la duración de tres años de los contratos, la actualización anual y un índice objetivo de ajuste de los mismos”.
“Es necesario -destacó- mejorar la ley cubriendo los grises que dejó la normativa en cuanto a la renovación de los contratos de alquiler y, sobre todo, promover desde el Estado la oferta de vivienda para alquilar, ya sea a través de incentivos impositivos como de un impuesto a la vivienda ociosa”.
