La Oficina de Monitoreo contra la Trata de Personas del Departamento de Estado estadounidense presentó el informe que analiza el accionar de 188 países en esa temática y resaltó que Argentina obtuvo la mayor calificación a nivel mundial en 2023 -al igual que en años anteriores-. Aun así, las políticas de ajuste desplegadas por el presidente Javier Milei desactivaron las acciones dedicadas a trabajar sobre esta problemática.

El informe fue presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y sostiene que la Argentina consiguió por séptimo año consecutivo la máxima categoría (Nivel 1) en la lucha contra la trata y explotación de personas y se encuentra entre los 28 países que más esfuerzos realizaron por mejorar sus estándares de prevención, persecución y asistencia en esta materia.

Dicho informe fue citado por el portal Alameda, que resaltó que Argentina en 2023 «cumplió planeamiento con los estándares mínimos para la eliminación de la trata» y «el Gobierno -de entonces- siguió demostrando esfuerzos serios y sostenidos».

«Estos esfuerzos -continúa el escrito- incluyeron condenar a más tratantes, incluidos al menos nueve funcionarios cómplices; identificar más víctimas de trata; sumando 1.000 víctimas; y emitir pagos de restitución a 43 víctimas a través del fondo fiduciario para víctimas de la trata».

«El Gobierno transfirió legalmente la propiedad de viviendas a nueve sobrevivientes de la trata a través de su proyecto de subsidio de vivienda y, por primera vez, reclutó a sobrevivientes varones para un programa que promueve el reingreso de los sobrevivientes de la trata al mercado laboral», añadió el reporte.

Es la primera vez que la Argentina, durante los cuatro años consecutivos de un mandato presidencial, se mantiene en la máxima categoría en las evaluaciones internacionales sobre lucha contra la trata. No obstante, Milei decidió avanzar el desmantelamiento del Comité de Lucha contra la Trata y la expulsión de Gustavo Vera, quien estuvo a cargo durante ese período.

El plan motosierra llegó hasta las políticas de vanguardia que el territorio argentino impulsó contra la trata y despedazó gran parte de las acciones que se habían desplegado.

Desde que La Libertad Avanza asumió, no hubo una sola campaña de prevención organizada por el Estado Nacional; la página y las redes del Comité de Lucha contra la Trata fueron paralizadas; se suspendieron las sistemáticas capacitaciones que se llevaron adelante nacional y provincialmente; y se transfirió el Comité y el Consejo Federal de Lucha contra la Trata al Ministerio de Seguridad, lo que le quitó integralidad al abordaje que se hacía desde la Jefatura de Gabinete.

Además, como se dijo antes, se despidió al director del Comité y a todos los delegados territoriales en las provincias; y se abandonaron 36 mesas interinstitucionales que había de Ushuaia a La Quiaca, que coordinaban acciones entre los diferentes niveles de gobierno y la Justicia Federal.

No solo eso, también se desguazaron agencias territoriales; se redujo a su mínima expresión la capacidad inspectiva del Estado; se paralizaron acuerdos bilaterales; se abandonó la capacitación a funcionarios; y se suspendieron o eliminaron todos los programas de asistencia a víctimas.