La comisión Bicameral parlamentaria encargada de dilucidar las causas del hundimiento del submarino ARA San Juan ocurrido en 2017 decidió hoy postergar hasta el martes la firma del informe final de 3.000 páginas en el que, entre otras cosas, se establecen las responsabilidades políticas del naufragio.

Los legisladores de la comisión que preside el senador del PJ José Ojeda tenían previsto firmar este jueves el documento pero ante la ausencia del presidente de la comisión motivada en la imposibilidad de vuelos aéreos desde Tierra del Fuego y de otros legisladores dispusieron pasar la lectura y la firma a la semana próxima.

Este contratiempo le permitirá a los legisladores de Cambiemos analizar su postura y definir si finalmente rubricarán o no el informe, que no será vinculante para la causa judicial.

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José Ojeda

Aunque discreparon sobre varios puntos, los legisladores del oficialismo y de la oposición reunidos en el Senado a puertas cerradas acordaron tomarse el fin de semana para hacer una lectura pormenorizada del texto que recién se les entregó terminado esta mañana.

Fuentes de la comisión admitieron que puede haber «diferencias» sobre la responsabilidad que les puede caber a las autoridades del área de Defensa, incluido el ministro Oscar Aguad, y señalaron que podría haber firmas de algunos senadores del oficialismo en disidencia especialmente en el tramo de «las conclusiones» del informe.

El martes se pasará a la firma de todos modos y el jueves 18 de julio será dado a conocer públicamente en conferencia de prensa, en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados.

Los mayores contrapuntos se suscitaron a lo largo de un año de audiencias en torno a la determinación de las responsabilidades de los jefes de la Armada, del comando de submarinos específicamente, y de las autoridades de Defensa en el mantenimiento del submarino, que se hundió en el Mar Argentino en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

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Todo se centró en las responsabilidades políticas y militares, y los tascendidos daban cuenta que se determinó que los problemas técnicos que tenía el submarino, ya habían sido detectados antes de su partida a causa del deficiente mantenimiento de la nave.

En el informe, -que es paralelo a la causa judicial que debe determinar responsabilidades penales a cargo de la jueza Marta Yáñez- se mencionan las alertas previas que se habían producido sobre las condiciones en las que navegaba el submarino y el mantenimiento al que fue sometido en los meses previos a la tragedia.

Ex almirante Marcelo Srur

Durante el último año y medio desfilaron ante la comisión más de 60 testigos, desde el ministro Aguad, hasta los altos mandos de la Armada, familiares y expertos que participaron en la búsqueda.

El submarino desapareció en aguas del mar Argentino el 15 de noviembre de 2017 pero fue hallado recién un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad, luego de intensivas búsquedas de parte de fuerzas de rescate argentinas y de numerosos países que colaboraron en los operativos.

La nave sufrió un principio de incendio en las baterías lo que causó una implosión en cercanías del golfo San Jorge, Chubut, cuando se disponía a cubrir el trayecto de Ushuaia a Mar del Plata.

Los legisladores que integran la comisión son la ex ministra de Defensa durante el kirchnerismo, Nilda Garré, cuyo desempeño en el mantenimiento de la flota también fue cuestionada durante las audiencias; los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti, Magdalena Odarda y Guillermo Carmona, el massista Alejandro Grandinetti y los peronistas Alfredo Luenzo y Pedro Miranda.

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A mediados de mayo el diputado nacional de Santa Fe, Alejandro Grandinetti adelantó las previsiones de los miembro de la Comisión Bicameral para el dictamen final.

En representación del oficialismo participaron los senadores Esteban Bullrich e Inés Brizuela y los diputados Guillermo Montenegro y Luis Petri.