Aún no hay certezas oficiales sobre las causas del apagón que el pasado domingo privó de luz alrededor de 50 millones de personas en Argentina y partes de Brasil, Chile y Uruguay. Sí se sabe que la falla se originó en el corredor litoral que traía energía desede Yacyretá, Salto Grande y el sur brasileño.

Ahora un informe preliminar de Cammesa (la mayorista del sistema eléctrico que está bajo control estatal) reveló que la tercera de las líneas que llevan energía por esa vía se encontraba desconectada desde el 18 de abril, mientras que las dos restantes que habitualmente lo hacen (en total son tres) son las que fallaron el pasado domingo.

Si hubiera estado en funciones, el problema no hubiese escalado de esa manera y quizás ni se hubiese interrumpido la conexión eléctrica general.

Mientras tanto, el gobierno elevó los encargos de energía hidroeléctrica para reducir costos, sobreexigiendo a un corredor diezmado, según publicó el matutino porteño Página12.

En síntonía con ese enfoque, esta semana las declaraciones vertidas por las autoridades oficiales y de la firma que controla la energía, Transener, aducen que “no existen posibilidades de que el hecho se repita”, dado que revisarán no sobrecargar el uso de esas líneas a una intensidad mayor a la que el sistema nacional es capaz de soportar antes de fallar otra vez.

“Se va a bajar la potencia máxima transmitida para reducir el riesgo de que ante una falla se produzca un evento de características similares. Eso se va mantener hasta tanto se tenga certeza de cuál fue el origen de la falla”, expresó el secretario de Energía Eléctrica de la Nación, Juan Luchilo.

La energía hidroeléctrica que no provenga del corredor litoral será sustituida por Gas Natural Licuado, el cual tiene un costo bastante más elevado. El funcionario estimó en un encuentro con periodistas y ejecutivos de Transener que esas medidas precautorias, consistentes en reemplazar la energía hidroeléctrica por GNL, supondrán un costo adicional de 3,5 millones de dólares.

Para usuarios residenciales y comerciales, con tarifas reguladas, el impacto repercutirá en un incremento de subsidios, en tanto que los grandes usuarios, que pagan el costo real de la energía, verrán elevarse el precio de sus tarifas.