Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmó este martes un dictamen al proyecto presentado por la diputada nacional de Entre Ríos en el Frente de Todos, Carolina Gaillard, que contempla una ley de VIH, Hepatitis virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral y desde la salud colectiva, que brinde contención e información para derribar los prejuicios y la discriminación.

El dictamen fue respaldado por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y Juntos por el Cambio, que lo hizo en disidencia parcial al tener diferencias sobre el régimen especial de jubilación para las personas con enfermedades de transmisión sexual.

La iniciativa, busca reemplazar la antigua Ley Nacional del Sida (23.798) sancionada en 1990, y garantiza el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS),

El proyecto, establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.

Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

Gaillard dijo que se trata de «una respuesta integral y de un enfoque intersectorial de derechos humanos, incluye capitulo de prevención, capacitación, sensibilización y hace hincapié en la necesidad de producción pública de medicamentos, tratamientos para las formulaciones pediátricas, en respuesta al VIH».

«Creemos en un Estado presente. En un estado capitalista, es el Estado el que genera condiciones de igualdad», aseveró Gaillard.

Por su parte, el exministro de salud de Jujuy Gustavo «Bacha» Bouhid dijo que «prohibir una prueba diagnóstica es un error. El sida se puede controlar y tratar en la medida en que se diagnostica. La cantidad de centros de testeos deberían estar previstos en esta ley, siempre nos quedamos cortos con esta enfermedad», agregó.

Por su lado, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó que no ve «ningún motivo por el cual tiene que haber un régimen especial para las personas afectadas por estas dolencias. Seguimos insistiendo en la ampliación de beneficios sin medir los costos fiscales en una sociedad agobiada por la inflación«.

En tanto, el diputado del Frente de Todos y exministro de Salud Daniel Gollan, dijo a los diputados que expresaron su preocupados por los costos que tendrán las prepagas que «no se preocupen por las prepagas ya que están ganando muy bien, lo que teníamos que ver es otra discusión: si con lo que están ganando no se puede rebajar las cuotas a los afiliados o mejorar el pago a los prestadores», explicó.

Por su parte la legisladora del Partido Obrero, Romina del Pla, dijo que «estamos tratando una ley de protección integral, no solo del VIH sino de todas las infecciones de transmisión sexual, que en general tiene una relación bastante fuerte, en su desarrollo y agravamiento, con el desarrollo de la pobreza».

La demanda de la sociedad se hizo sentir a las puertas del Congreso desde hace tiempo.

El proyecto también promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías, cuya integración debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros; y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.