Las legisladoras dicen haber recibido de un espía una extensa nómina de diputados, senadores, jueces, conjueces, candidatos, periodistas y personas del espectáculo, entre otros, a los que les realizaban inteligencia, por lo que decidieron judicializar la causa.
Laura Alonso cuenta, en el escrito que presentó cómo se desarrolló: «El día 19 de Octubre de 2015 recibí un llamado telefónico de una persona, quien procedió a identificarse como miembro de los servicios de inteligencia, sin revelarme su identidad por el peligro cierto que dar a conocer esta información implicaba para él y para su familia, pero que dada la gravedad institucional de la información a entregar y su acceso a la misma, ameritaba enviarla a mi público despacho».
Además, detalla en la denuncia de que fuentes provenía la información de las personas que eran sometidas a estos procedimientos: «La persona que se contactó me refirió que el listado que había recibido en dicho sobre, daba cuenta que se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras».
En el mismo sentido, Alonso, subraya que los investigados son críticos al Gobierno nacional: «El patrón común de todos los espiados es que mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional y se basan en cuestiones de afinidad y pertenencia política o por sus opiniones».
Finalmente, Laura Alonso, afirmó: «El denunciante me señaló que esas interceptaciones se estuvieron y se están realizando, en este preciso momento, desde el domicilio de la intersección de las Av. Entre Ríos y Av. San Juan, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin darme mayores detalles del domicilio en cuestión», concluye.
