La responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó que su intención es «controlar el patrimonio de todos los funcionarios públicos», incluyendo a los jueces que, según dijo, «dan excusas basadas en la división de poderes» para evitar rendir cuentas.

«Queremos controlar el patrimonio de todos los funcionarios públicos, incluyendo a miembros del Poder Judicial que dan excusas basadas en la división de poderes», afirmó Alonso.

La funcionaria del Gobierno Nacional hizo estas declaraciones en el marco de la conferencia «Estrategias de lucha contra la corrupción», realizada en la sede Buenos Aires de la Universidad Austral.

Además, Alonso afirmó que se registró «un fracaso estrepitoso del derecho penal en la Argentina para condenar la corrupción» y se refirió a «decenas de investigaciones que han prescripto y que no terminan en condenas en los últimos años».

«Confiar solo en el derecho penal sería entregar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos», señaló además la funcionaria durante la conferencia.

Con respecto a la actuación de la Oficina Anticorrupción en el caso del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue acusado de un conflicto de intereses en su momento por haber actuado como funcionario siendo dueño de acciones de la empresa Shell, señaló que «instaló el respeto a un proceso institucional» en un «país que nos cuesta actuar de acuerdo a la institucionalidad».

«Estamos todos muy ilusionados con la idea de la cárcel para los corruptos», dijo también Alonso, quien consideró que con el gobierno anterior «cayó una cleptocracia en la Argentina».

Las frases más significativas de la conferencia: 

El caso Aranguren «instaló el respeto a un proceso institucional”, en un “país que nos cuesta actuar de acuerdo a la institucionalidad”.

“Hay 2.200 elecciones en la Argentina en municipios”, y muchos están fuera del radar de control.

“Debemos trabajar mecanismos que faciliten la investigación, como el entrecruzamiento de grandes bases de datos para detectar conflictos de intereses de los funcionarios. Hoy los corruptos saben que son defectuosos esos sistemas de control”.

“El sistema de protección de testigos es muy débil”.

“Estamos todos muy ilusionados con la idea de la carcel para los corruptos”.

“Queremos controlar el patrimonio de todos los funcionarios públicos, incluyendo a miembros del Poder Judicial que dan excusas basadas en la división de poderes”.

“La OA está investigando 25 causas de enriquecimiento ilícito”.

“Cayó una cleptocracia en la Argentina”.

“Confiar solo en el derecho penal sería entregar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”.

El encuentro fue moderado por el Dr. Guillermo Yacobucci, director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.