La Aduana detectó que tres marcas top de indumentaria y marroquinería utilizaron maniobras para ingresar lotes de sus productos importados bajo la protección de una cautelar que había sido pedida y otorgada a otra firma.

Este especie de «alquiler» de medidas cautelares para importar bajo paraguas judiciales tiene un punto en común con los casos que se registraron en julio pasado: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, es el mismo que las otorgó y, al hacerlo, permitió la maniobra que ahora se denuncia.

Tal reconstruyó Ámbito Financiero, Javera SA había demandado al Ministerio de Desarrollo Productivo y -así- logró que Madariaga de Negre le otorgue una medida cautelar para poder liberar su SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) el 7 de julio de 2022.

Ante esto, la Aduana concurrió a verificar la mercadería ingresada a través de un control cruzado entre las medidas judiciales adversas y los bienes que finalmente ingresan al país. Cabe indicar que la cautelar no solo evita el control aduanero, sino que hace que el Banco Central esté obligado a girar dólares a valor oficial para habilitar la operación de comercio exterior.

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El tema es que, cuando fueron a verificar, todos esos ingresos bajo la SIMI 22001SIMI202353D diferían totalmente de Javera SA y eran productos de marroquinería de la marca Desiderata y de PortSaid; y otro grupo a la marca Lázaro. Mazalosa SA tiene la titularidad de los dos primeros y la última es de Prete Rosso SA. Es decir, ninguna tiene vinculaciones con Javera SA.

La maniobra para que las empresas que no obtuvieron medida judicial utilicen los despachos aduaneros con cautelar en su propio beneficio y puedan nacionalizar sus productos tiene como eje una «cesión de derechos» de marca por un tiempo limitado. Justamente coincide con el lapso en el que la mercadería debe ingresar al país y luego queda extinguida su vigencia.

En esta oportunidad, no solo fue presentada de manera “extemporánea”, lo que puede significar que fuera un documento antedatado para tratar de justificar el contenido de la importación ante el control aduanero. Sino que para las tres marcas es exactamente el mismo formato, solo con un cambio de logo entre sí, pero la misma caligrafía manuscrita.

Frente a este nuevo hecho de «alquiler de cautelares», la Aduana realizó una denuncia por presunta infracción al artículo 954, que implica una multa de 1 a 5 veces el valor de lo importado; pero también le advirtió a Madariaga de Negre que, ante estas situaciones, revoque la vigencia de la cautelar otorgada a Javera SA.

“Esto advierte la posible existencia de un fraude procesal, mas allá de la falta de que V.S. habría dictado una sentencia sin ser informado de la realidad económica de la operatoria. El dictado de una medida cautelar procura la defensa de un derecho personal/individual y una actividad jurisdiccional, lo que aquí se convirtió en un ardid y una ficción”, advirtió el escrito ingresado este miércoles por el servicio jurídico de la Aduana.

«A los efectos de evitar maniobras o mecanismos -continuó- que produzcan fraude al comercio internacional y en donde la actividad jurisdiccional (a través del dictado de una cautelar) resulte ser un elementos imprescindible y constitutivo de la maniobra, es que solicito a V.S. se deje inmediatamente sin efecto la sentencia antes indicada».