El oficialismo y la oposición, con la excepción del trotskismo, firmaron hoy un dictamen unificado del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública en un plenario de comisiones, con el objetivo de que sea aprobado por el pleno del cuerpo en la sesión del miércoles 4 de mayo.
En un debate que duró poco más de una hora, los diputados resaltaron la importancia de contar con una herramienta orientada a la transparencia en la administración pública y, aunque hubo firmas en disidencia tanto de oficialistas, como Elisa Carrió, como de opositores, fueron sólo sobre aspectos técnicos del texto.
«El eje central es que la mayor cantidad de información que posee el Estado sea pública y que las excepciones sean lo más restringidas posibles», dijo el macrista Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, que sesionó junto a la de Presupuesto y Hacienda, que conduce Luciano Laspina (PRO).
El proyecto de ley, que de ser aprobado dentro de dos semanas será girado al Senado, se basa en una serie de principios entre los cuales se destacan que «la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles» y que «se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten».
También, que «la información debe ser publicada con la máxima celeridad» y que «el acceso a la información debe ser gratuito».
La iniciativa viene a reemplazar al decreto 1172 dictado por el presidente Néstor Kirchner en 2003, que seguirá vigente durante un año después de sancionada esta ley para que los distintos sujetos obligados a dar información puedan «adaptarse» a la norma.
El artículo 7° del proyecto establece que son sujetos obligados a brindar información pública la administración pública nacional y los organismos descentralizados; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria.
También, las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero solo en lo referido a la participación estatal, al igual que partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le haya otorgado subsidios o aportes estatales.
En cuanto a este último punto, la secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario, Alicia Simeoni le dijo a Conclusión: “Obviamente no tenemos ningún inconveniente y vamos a rendir cuentas de cada una de las cosas que hicimos ante el ministerio nacional. Hicimos cuatro encuentros y se suspendieron los restantes ya que eran 9 y el resto no los pudimos desarrollar. A nosotros no nos molesta que nos pidan eso, porque el año pasado nos depositaron un subsidio para la capacitación de dirigentes que ahora está en suspenso porque nos dijeron que no ejecutáramos nada, para capacitación de dirigentes”.
Seguidamente, Simeoni reveló: “Nos enteramos tangencialmente de la reunión, llegamos y les pedimos a los diputados de Santa Fe que fuéramos incluidos hasta que una legisladora se lo solicitó al presidente de la comisión y ahí tuvimos nuestros cinco minutos de voz”.
“La principal objeción que hicimos fue que si se está invocando permanentemente la transparencia, como es que no se citó a discutir la ley a todas las organizaciones de la sociedad para que puedan dar su aporte y su mirada – agregó la dirigente gremial – y expuso que “no había nadie del interior del país y la audiencia terminó siendo una reunión de la cual participó un grupo pequeño”.
Además, Simeoni explicó que “el director de la agencia de Acceso a la Información Pública, que es el organismo que se creará a partir de esta ley, tiene 5 años de duración en su cargo, por lo cual va a sobrevivir al actual gobierno y no se impugnó nada, mientras que el argumento para sacar a Martín Sabattella del Afsca, quien tenía un año más de gestión, fue que debía irse porque había cambiado el signo político”.
“Esta fue una convocatoria para ciudadanos, pero que habitan en la ciudad de Buenos Aires – apuntó la dirigente rosarina – para finalmente explicar que “cuando los habitantes de nuestro país no conocen derechos como estos, no pueden organizarse en función del reclamo que podrían hacer”.
