Según un informe realizado por la consultora Inmediata a pedido de la diputada nacional Lucila De Ponti- la mayoría de los consultados en materia de aborto, admitió que el tema dividió a la sociedad y ve con buenos ojos una consulta popular. “Exigimos que se cumpla el protocolo de interrupción legal del embarazo”, aseguró Lucila De Ponti, quien encargó el estudio.
El 82% de los rosarinos asegura que el Estado todavía tiene que brindar soluciones con respecto al tema aborto. El dato se desprende de una encuesta de opinión realizada después de que el Senado haya rechazado el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
De acuerdo al estudio de la consultora la mayoría de los habitantes de la ciudad cree que el debate dividió a la sociedad (55%), pero también ve con buenos ojos la realización de una consulta popular sobre el tema para saber la opinión de la mayoría (65%). Sin embargo, el mayor grado de acuerdo es al asegurar que falta que el Estado brinde una solución para el tema, afirmación que comparten 8 de cada 10 encuestados.
“Estos números reflejan que la votación del Senado no fue el final, sino el principio del debate sobre esta cuestión de salud pública que sigue sin solución. No solo las mujeres se siguen muriendo en procedimientos clandestinos e inseguros -como mostraron los casos de los últimos días de Pilar, San Martín y Santiago del Estero- sino que siguen sin acceder a este derecho aunque cumplan con las causales contempladas por la Ley”, aseguró De Ponti.
En este sentido, la iniciativa de la legisladora del Movimiento Evita, fue presentar un proyecto para exigirle al Ministerio de Salud que fiscalice que las provincias adhieran al protocolo de IVE y cumplan con la interrupción legal del embarazo. A pesar de que existe desde 2015, solamente 10 provincias lo aplican. Muchos médicos alegan cuestiones de conciencia para no seguirlos y los casos terminan en la Justicia.
“Incluso dentro de las provincias que sí adhirieron al protocolo como Santa Fe, la aplicación es muy desigual a lo largo del territorio. Un ejemplo claro es lo que sucede en los hospitales Iturraspe y Cullen, en donde desde hace tiempo se denuncia una obstaculización sistemática a este derecho”, aseguró la diputada.
Finalmente, la parlamentaria destacó que “es necesario poner de manifiesto que la objeción de conciencia es un atributo personal que en ningún caso puede ser institucional, los centros de salud tienen la obligación de asistir en los casos de aborto dentro de las causales que actualmente estipula la Ley y es deber del Ministerio de Salud que eso se cumpla”, finalizó.
