El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gabriel Chumpitaz, criticó este lunes a los abogados laboralistas «que inflan los reclamos mintiendo descaradamente» y cosechó el repudio de varios profesionales del derecho, que marcaron que las expresiones buscan deslegitimar la actividad para avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
El legislador nacional de Santa Fe -aliado del radical Maximiliano Pullaro de cara a las elecciones del próximo año- utilizó el Día del Abogado para dejar un mensaje en Twitter que generó un amplio rechazo: «Nada más indigno que un abogado laboralista que infla los reclamos mintiendo descaradamente. Menos para ellos, para el resto feliz día».
La publicación generó el repudio inmediato de varios referentes de la actividad. El presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, Sebastián Serrano Alou, fue uno de los más enérgicos en señalar que los dichos de Chumpitaz apuntan deslegitimar a un sector que defiende los derechos de los trabajadores.
Serrano Alou planteó que cada intervención debe ser entendida en su contexto histórico, político y social. «El diputado pertenece a un espacio que, cuando gobernó, tuvo de presidente (a Mauricio Macri), quien hablaba de ‘la mafia de los juicios laborales’, con todo lo que implica hablar de mafia y esa acusación a personas que ejercen el derecho y no andan delinquiendo», afirmó este martes en declaraciones a Radio 2.
El titular de la Asociación resaltó que las expresiones del diputado nacional no son una excepción, sino que forman parte de una una seguidilla de actitudes similares que adoptaron dirigentes de ese espacio en el último tiempo.
Por eso, Serrrano Alou pidió no tomar a la ligera estas manifestaciones para poder asociarlas a los causas y consecuencias que las originan en cada tiempo. «Hay un contexto histórico. En su momento, esta estigmatización llevó al secuestro, tortura, desaparición y muerte de abogados laboralistas. También al asesinato del autor de la Ley de Contrato de Trabajo, que ellos entienden que hoy es el principal problema y que está pasada de moda», afirmó.
«No puede ser que el derecho sea el problema y no el incumplimiento», acentuó el abogado -cuyo repudio fue acompañado por otros colegas-.
INDUSTRIA DEL INCUMPLIMIENTO
Al ser consultado por la existencia de una «industria del juicio» en la provincia de Santa Fe, Serrano Alou lo descartó totalmente y aseguró que en realidad existe «una industria del incumplimiento» de la normativa laboral vigente.
Ante esto, sugirió tener en cuenta los datos oficiales y proyectar qué pasaría si la totalidad de los trabajadores no registrados o bajo mala registración iniciaran un reclamo legal por sus condiciones laborales.
«Si usted piensa que en nuestro país alrededor del 35 o 40% de las personas no está registrado y otro tanto está deficientemente registrado, todas esas personas tienen derecho a iniciar un reclamo. ¿Se imaginan si todas esas personas iniciaran un reclamo en el tribunal? Solo el 2% de las personas que tienen derecho a iniciar un juicio por incumplimientos lo hace. Hay que revisar un poquito más los números y ver que la Ley de Contrato de Trabajo no es el problema», detalló.
«En las épocas en las que se flexibilizó la Ley de Contrato de Trabajo -continuó-, como en la década de los 90 y en la dictadura, tuvimos récord de desempleo. Cuando se recuperó la normativa laboral, se retomó el pleno empleo. Lo que importan son las políticas económicas. El gobierno del que formó parte Chumpitaz elevó el desempleo del 6 al 10%».
Por esto, Serrano Alou destacó la necesidad de desarmar los eslóganes que suelen repetirse respecto a la actividad de los abogados laboralistas y reflexionar cuál es la finalidad de dichas estrategias discursivas.
«Nuestra provincia fue la última en adherir a la Ley de ART y ya se está pidiendo la derogación de la adhesión porque los accidentes y las enfermedades no solo no disminuyeron, sino que aumentaron. Sí disminuyeron los juicios, pero no porque no haya enfermedades, sino porque se ha puesto un tapón y una tijera en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que impide que se reclame. Hay que empezar a ver un poco la realidad», concluyó.
