A cinco años del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que se cobró la vida de 44 tripulantes hay, hasta el momento, cuatro oficiales de la Armada señalados como los responsables del siniestro. Con miles de fojas y decenas de cajas con documentación, la Justicia sigue sin definir si avanzará en el proceso penal sobre el expresidente Mauricia Macri, su entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad y quien era jefe de la Armada en ese momento, Marcelo Srur. Esas son las definiciones que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le pidió a la jueza Marta Yañez, del juzgado federal de Caleta Olivia y que aún están pendientes.
Las personas procesadas por el hecho en sí son Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento de Operaciones), acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.
Rendimos homenaje a la tripulación del submarino ARA San Juan, al cumplirse 5 años desde el último contacto.
— Ministerio Defensa (@MindefArg) November 15, 2022
Memoria y honor#44Presentes? pic.twitter.com/4Spt5pwF9E
En tanto, por decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia se dio marcha atrás con los procesamientos de otros oficiales.
La hipótesis principal de la investigación es que el hundimiento fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino.
En lo que hace al expresidente Macri y demás exfuncionarios de su Gobierno, el reclamo de los familiares es que ellos debían estar al tanto del estado de funcionamiento del buque a raíz de una falta presupuestaria y el riesgo que implicaba en que navegara como lo hizo. Incluso, en la causa tanto Aguad como Srur declararon como testigos. Otro punto fundamental a investigar, y por el que reclaman los familiares de las víctimas, es el supuesto ocultamiento de toda esa información posterior al accidente.
A cinco años de la última comunicación del submarino ARA San Juan, honramos la memoria de los 44 tripulantes y seguimos exigiendo verdad y justicia. Como Ministro de Defensa, renuevo mi compromiso de continuar acompañando a sus familiares. #44Presentes pic.twitter.com/nhf0ZQZrai
— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) November 15, 2022
En el extenso fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también se ordenó una pericia técnica informática sobre imágenes tomadas del hallazgo del submarino ARA San Juan, pericia que aún está pendiente. Las razones son que no están los recursos necesarios para realizarla. Por esa razón, el pasado 7 de noviembre el perito oficial le exigió al Consejo de la Magistratura que envíe lo necesario para llevar adelante el estudio.
La pata política
La jueza federal Marta Yañez aún sigue sin definir si avanzará con las responsabilidades políticas, lo que incluye al expresidente, Mauricio Macri. Por el momento, cumpliendo con el ordenamiento de la Cámara Federal, le tomó declaraciones a exfuncionarios de su máxima confianza, como Pablo Clusellas y José Torello, entre otros.
Además, sigue pendiente el tema del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Esa causa estaba en manos del juez federal de Dolores, Martín Bava, quien había dictado el procesamiento de Macri. Sin embargo, a medidados de 2022, la Cámara Federal porteña dejó sin efecto la medida. Según los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens el acercamiento de personal de seguridad de Macri o averiguaciones sobre sus actividades no eran otra cosa que para asegurar la seguridad presidencial.
Después que Bruglia, Bertuzzi y Llorens sobreseyeran a Macri por el espionaje a familiares del ARA San Juan, desde Casación otros 2 jueces macristas, Mahiques y Yacobucci, rechazaron al CELS como amicus curiae. Otro guiño a la impunidad en la víspera del aniversario. Mafia total. pic.twitter.com/TZ8BUDsgAG
— Marcelo Puella (@marcelopueIIaok) November 15, 2022
Sobre esta decisión está pendiente la apelación presentada por los familiares de las víctimas y el fallo depende ahora de la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá definir si hubo responsabilidad de Mauricio Macri y de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia que estaba a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Cronología
La desaparición
El 8 de noviembre de 2017, la nave partió desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino. Un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, fallas que fueron subsanadas por la tripulación.
«Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barra de baterías. Baterías de proa fuera de servicio al momento en inmersión propulsando con circuito dividido. Sin novedades de personal. Mantendré informado», comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017.
Ese fue el último contacto que tuvo el submarino con la base naval de Mar del Plata, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge.
Ya en la noche del día 16, los medios de comunicación comenzaron a informaron masivamente la pérdida de contacto con el submarino.
Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones.
La búsqueda
El Gobierno de Macri solicitó ayuda internacional y navíos de Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia participaron de un operativo que se desplegó en un área de más de casi 500 mil kilómetros cuadrados.
Con las operaciones en marcha, el 23 de noviembre, el vocero de la Marina, capitán de fragata Enrique Balbi, informó a la prensa que la Marina de los Estados Unidos y la Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, Austria, habían detectado «un evento anómalo, corto y consecuente con una explosión/implosión» en la zona por la cual navegaba el sumergible.
Dos días después, la entonces diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmaba en un programa de televisión que los tripulantes del ARA San Juan estaban «muertos», y el 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas reclamaban que se informara cuál era la misión del submarino y rechazaron que se declarara un duelo nacional hasta que no se hallaran los restos de la embarcación. En tanto, la búsqueda de sobrevivientes fue abandonada por parte de las autoridades argentinas y la zona de rastrillaje quedó despejada.
La causa judicial se inició dos días después de la desaparición de la nave, en Caleta Olivia, Santa que quedó a cargo de la magistrada Marta Yáñez.
En 2018, los familiares iniciaron una campaña en reclamo de «búsqueda, verdad y justicia», y exigían que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido. Tras 50 días de acampe en Plaza de Mayo, los familiares lograron que el Gobierno acelerara el proceso de contratación de una empresa para iniciar la búsqueda.
Las gestiones para la contratación de una empresa que se encargara de las tareas de búsqueda originó en 2018 una denuncia que derivó en un procesamiento contra funcionarios del Ministerio de Defensa, acusados de beneficiar a una firma española.
Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.
El hallazgo
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El hallazgo se produjo mediante el empleo de dispositivos submarinos y con un equipo de operación remota dotado de cámaras de alta definición.
Los restos del ARA San Juan estaban muy cerca de la posición donde el buque oceanográfico chileno «Cabo de Hornos» había indicado que podía encontrarse, en una información aportada en diciembre de 2017.
La embarcación tenía el casco «totalmente deformado, colapsado e implosionado» y sin «aberturas de consideración», partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros.
En julio de 2019, la Comisión Bicameral estableció, en un dictamen, que hubo «una clara responsabilidad política y administrativa» de Aguad y sus funcionarios en el hundimiento del submarino.
De los 12 legisladores de la comisión, cuatro integrantes del oficialismo de Cambiemos firmaron en disidencia este informe, que también estableció que el submarino no resultó hundido como consecuencia de un ataque o debido a falencias en el proceso de refacción que concluyó en 2014.
Las causas judiciales
En febrero de 2020, la jueza Marta Yáñez procesó a seis altos oficiales navales: el contraalmirante Luis López Mazzeo, al capitán de Navío Claudio Villamide, al contraalmirante Luis Malchiodi, al capitán de navío Hector Alonso, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa y al capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia por estrago doloso al haber desoído las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso del instrumental del submarino.
En noviembre de ese año, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la magistrada que ampliara su investigación sobre las responsabilidades que pudieron haber tenido en el hecho Mauricio Macri, Oscar Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Por esos días, el contraalmirante López Mazzeo declaró ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que la Armada conocía la ubicación del submarino en base a la información suministrada por el buque chileno «Cabo de Hornos», lo que motivó una denuncia por encubrimiento agravado contra Macri y Aguad por parte de los familiares. Así, se inició una nueva causa en los tribunales de Comodoro Py que fue girada al juzgado de Caleta Olivia, donde se tramita la investigación por el hundimiento.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza que ampliara su investigación sobre las responsabilidades que pudieron haber tenido en el hecho Macri, Aguad y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
El siniestro del ARA San Juan, considerado como la pérdida más importante sufrida por la Armada desde la Guerra de Malvinas motivó un proceso de Consejo de Guerra por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa.
Integrado por el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército), el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea) y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi -en calidad de presidente-, el Consejo dispuso, tras varios meses de análisis, el arresto riguroso por 45 días de Srur y la destitución del capitán de navío Claudio Villamide, exjefe del comando de submarinos.
Srur fue hallado culpable de haber omitido información al Ministerio de Defensa y Villamide de haber actuado de manera negligente. Mazzeo fue sancionado con 15 días de arresto, el capitán de navío Héctor Alonso con 30 días, y el mismo castigo se le aplicó al capitán de fragata Miguel Correa.
El espionaje a los familiares
En septiembre de 2020, en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hallaron materiales que documentaban actividades de seguimiento y espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan por parte de agentes de ese organismo.
Cristina Caamaño, interventora de la AFI cuando se produjo este hallazgo, denunció el hecho ante la Justicia, y en diciembre de 2021 Martín Bava dictó el procesamiento del expresidente Mauricio Macri en una causa en la que también estaban procesados los jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Por pedido del fiscal Juan Pablo Curi, las causas de espionaje ilegal que involucraban a Mauricio Macri -entre ellas la del seguimiento a los familiares del ARA San Juan- pasaron a tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py.
En julio pasado, los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictaron el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani, al entender que las actividades realizadas por agentes de la AFI para recabar información sobre los familiares tenían como propósito preservar la seguridad presidencial, una decisión que las querellas que representan a los familiares apelaron ante la Cámara de Casación.
A cinco años de una de las mayores tragedias de la historia naval argentina, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan aún persisten en su demanda verdad y justicia.
Fuentes: Telam/ Noticias Argentinas
