Por Manuel Parola

El ministro de Justicia de la Nación, Marino Cúneo Libarona dictó la inmediata aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la seccional Rosario, con fecha de comienzo para su implementación este lunes 18 de marzo. No obstante, la medida provocó conmoción y un importante movimiento entre los funcionarios judiciales y los trabajadores del fuero federal. Ninguno de los sectores está en contra del nuevo texto pero alegaron pero no hay recursos ni la infraestructura suficientes, lo que llevaría al fracaso de la herramienta.

La cartera judicial de la Nación publicó un comunicado por el cual se dio a conocer la noticia en las redes sociales del ministerio, argumentaron la premura en “la grave situación de violencia y avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario”. Esto confiere el paso del sistema escrito al modelo acusatorio en el fuero federal en la seccional 8 -que refiere al centro y sur de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires incluyendo hasta San Nicolás-, el cambio del rol investigativo de los jueces hacia los fiscales, la implementación de audiencias orales y definiciones en juicios por jurado, entre otras nuevas disposiciones en el sistema.

Si bien el nuevo texto estaba aprobado desde el 2019, se definió que su aplicación sería escalonada en jurisdicciones: las primeras fueron Salta y Jujuy, donde no tuvo buenos resultados debido a la falta de infraestructura para la plena aplicación del nuevo sistema. El mismo inminente problema es lo que levantó revuelo entre las filas de los diferentes sectores de la Justicia Federal de Rosario.

El procurador interino Eduardo Casal, jefe a nivel nacional de los fiscales federales, elevó una nota al ministro Cúneo Libarona solicitando la prorrogación del disparo de largada del nuevo Código. Si bien Casal sostuvo que la puesta en uso del nuevo Código es necesaria y ratificó el compromiso para la misma, “la inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”.

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“Es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal”, sigue Casal y añadió que los laboratorios forenses están “en situación de colapso” y que “la puesta en marcha de un sistema procesal totalmente regido por la oralidad, como establece el CPPF, exige una readecuación integral de los espacios de trabajo a fin de garantizar su efectiva realización”

Lisandro Casale, secretario regional general de la regional 8 correspondiente a Rosario, de la Unión de Empleados de la Justicia de Nación (UEJN) explicó a Conclusión que desde el sindicato “estamos totalmente de acuerdo con este nuevo sistema, que tiene un texto ordenado desde el año 2019 se empiece a implementar desde ya. Pero como lo comunicó el producrador nacional, tenemos que preparar el terreno para que después, al momento de aplicar el código que debería ayudar en la lucha contra el delito, no redunde en un fracaso de querer implementarlo de forma temeraria sin haber preparado la infraestructura, que no existe en el fuero federal«.

El trabajador judicial subrayó que la estructura de los federales “es un desastre, no tenés cómo implementar las diferentes salas” que exige el nuevo texto procesal y recalcó que “hace muchos años que decimos como gremio que es imperioso la creación de la Policía Judicial. Queremos que se pueda aplicar, pero queremos el recurso humano, que no existe, la estructura y la capacitación que nunca se dio en el Poder Judicial”.

Los reclamos de UEJN y del ministerio Público Fiscal, que nuclea a los investigadores, es la falta de capacitación -necesaria para la transición al nuevo sistema en los diferentes sectores del Poder Judicial- y la inexistencia de estructuras edicilias adecuadas para trabajar: “Debería haber un fuerte incremento en la plata del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa”, detalló Casalle y agregó que también también falta profundizar la inversión en “estructura tecnológica para las oficinas de pericia”, los laboratorios y los espacios para investigación.

A instancias del gobierno de Alberto Fernández, se declaró la emergencia en materia de Justicia en Santra Fe y se sancionó la ley 27.715 de “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal”, cuyo objetivo era el nombramiento de nuevos jueces y fiscales en el fuero federal local. Si bien los cargos para jueces de Garantias y Ejecución fueron concursados «todavía no han corregido los exámenes», mientras que fuentes de la Cámara de Apelaciones sostuvieron al portal  Letra P que «falta nombrar el ciento por ciento de los cargos de jueces creados por ley de fortalecimiento». En síntesis, no fueron nombrados ninguno de los 19 jueces que la iniciativa buscaba incorporar al fuero federal para renovar la actuación del poder judicial en Santa Fe.

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Sólo en la seccional 8, hay por encima de 25 mil causas que quedarían “remanentes”, es decir sujetas a la su instrucción según las normas del código procesal penal federal en funciones hasta el lunes, por lo que un importante volumen de causas quedarían desfasadas en el nuevo sistema. Además, Casale sostuvo que en la seccional que él representa sindicalmente hay algo más de 900 empleados repartidos en las diferentes áreas del sistema judicial: si sólo de Rosario se trata, el número de se reduce a poco más de un centenar de trabajadores.

“Los magistrados y los fiscales estamos en la misma sintonía. Hay muchos sectores del arco federal que venimos capacitándonos, pero ¿cómo haces para largar el lunes una oficina de gestión si no tenemos la estructura para hacerlo?”, reclamó el referente sindical.

Lejos de querer “patear la pelota para adelante”, Casale replica que lo que se necesita es, como mínimo, tres meses para “como pretende el ministerio de Justicia, tener el tiempo de capacitación y el armado de una infraestructura edilicia y lo que refiere al recurso humano” para comenzar la aplicación: “lo que va a venir a ser una solución va a ser un fracaso”.

Los diferentres sectores están en movilización para poder “arrancar como corresponde”, porque “el fracaso lo van a trasladar al sector de la justicia a costa de los trabajadores y funcionarios del poder judicial y del MNfiscal y de la Defensa”.