MARTES, 26 DE NOV

Vicentín: la Corte Suprema de Santa Fe intervino el concurso y desplazó al juez Lorenzini

El máximo Tribunal provincial le exigió al magistrado que remita todo lo actuado. La resolución es a partir de la presentación de uno de los acreedores más importantes, que cuestionó que la convocatoria se desarrolle en paralelo a las investigaciones penales.

Una sorpresiva e inesperada vuelta de tuerca tuvo este jueves la causa judicial por el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentín. La Corte Suprema de Santa Fe intervino en la convocatoria y desplazó al juez Fabián Lorenzini. La resolución, que lleva la firma del presidente del máximos Tribunal,  Julio Gutiérrez y de la prosecretaria, Fernanda Drago, le ordenó a Lorenzini remitir todas las actuaciones a la Corte y suspendió todos los plazos procesales.

La resolución de los supremos santafesinos se da a partir de una presentación de la empresa Commodities S. A. (Grupo Grassi) que, además de representar al grupo de acreedores más duros es querellante en la causa penal que se le sigue a los directivos de la agroexportadora por irregularidades en el concurso.

Una semana atrás, el presidente del directorio de Vicentín, Omar Scarel, fue detenido e imputado por desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa. Tras la audiencia imputativa, Scarel quedó en libertad tras pagar una caución de medio millón de dólares.

En ese sentido, el diputado Carlos Del Frade, celebró y explicó que la decisión de la Corte tiene que ver con la información surgida en esa audiencia. «La clave es Renova. Su supuesta venta el 2 de diciembre de 2019, horas antes de la cesación de pagos, aquel “estrés financiero”, y su total extranjerización a favor del grupo Glencore Viterra, recientemente sancionado en distintos países del mundo por múltiples delitos», explicó el diputado.

«En aquella oportunidad se le transfirió a Reinasco BV el 16,67% de la compañía. Pero no fue un hecho aislado. Parece ser el principio de un presunto “acuerdo” entre los directivos de éstas sociedades (los que integraban el directorio en aquella oportunidad y los actuales, Reinasco BV, Oleaginosa Moreno, Vicentin y Viterra) para terminar de sacar a Renova del activo de la concursada, y seguir así aumentando sus beneficios», aportó Del Frade.

Asimismo, el periodista y diputado remarcó que «están intentando vaciar Renova para sacar de circulación 851 millones de dólares». «Una nueva operación de vaciamiento a favor de los directivos de Vicentin Glencore Viterra y en perjuicio de los acreedores».

Según detalló Del Frade, los hechos se dieron así: «La venta del 16,67% de las acciones de titularidad de Vicentin a Reinasco BV, luego la cesión de los derechos de fazon que tenía Vicentín en Renova, que se hizo en favor de Viterra en el mes de enero de 2020, y por último el reciente intento de venta del 33,33% de las acciones de Vicentin, que pudo ser evitado, al menos temporalmente, por el accionar de la Fiscalía de Delitos Económicos y que, de consumarse, implicaría dejar afuera de Renova a ésta última, y colocar a Glencore (a través de Viterra y Rainasco) como única dueña».

En otras palabras, Scarel fue acusado de celebrar un contrato de compraventa entre Vicentín y Viterra Argentina cuando una medida cautelar lo impedía.

La presentación del Grupo Grassi expuso que la convocatoria sigue avanzando cuando, en paralelo, hay investigaciones penales por las irregularidades perpetradas con los activos que ahora la firma quiere vender para poder afrontar el plan de pagos.

Por lo cual, existía un serio riesgo de la que justicia comercial homologara el concurso antes de que el fuero penal dirima la legalidad de la compra – venta de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra. Esto es lo que la Corte evaluó al resolver el pedido de avocación.

La decisión del máximo Tribunal santafesino se produjo al límite de la fecha en la que vencía el período de excepción de la convocatoria donde Vicentin está concursada en US$1.575,4 millones (30 de junio). Más de un 60% de esa acreencia la mantiene con entidades financieras nacionales e internacionales.

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