Foto ilustrativa
Este sábado se realizó una multitudinaria fiesta electrónica en la localidad de Armstrong, en la cual una mujer de 30 años sufrió una sobredosis que la dejó en coma. Ahora, se investiga en qué marco fue habilitado el evento par el que se vendieron 1.200 entradas, ya que las disposiciones de la provincia de Santa Fe no permiten la realización de este tipo de fiestas a raíz de las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de Coronavirus. Desde el Ministerio de Seguridad habían advertido de la realización de la misma y cursado aviso al Ministerio Público de la Acusación.
Tal como trascendió este lunes, el evento se promocionó anticipadamente, ya que iba actuar el DJ británico Nick Warren, y fue autorizado con un cupo para 800 personas, a pesar de que las fiestas electrónicas no están habilitadas.
Según detalló Diego Llumá, secretario de de Seguridad Preventiva de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad tomó conocimiento de que se iba a realizar el evento que fue promocionado abiertamente y autorizado por la secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Armstrong.
En diálogo con AM830, Llumá detalló que la habilitación del evento se hizo para 800 personas, pero que se vendieron 1200 entradas. «Nosotros nos enterarmos de esto 24 horas antes, porque los organizadores tuvieron la desfachatez de contratar servicios de policías adicionales para una fiesta electrónica, que contraviene todas las regulaciones sanitarias para la contención del covid. “Por más burbujas y protocolos de papel que quieren dibujar, una fiesta de 800 personas no está permitida”, afirmó.
En esa misma línea, el funcionario remarcó en forma categórica que “las fiestas electrónicas no son racionalmente posibles en el marco de una pandemia«. Y señaló: «Hubo una habilitación trucha que va en contravención del marco legal de la pandemia. Hay habilitación, pero es como si yo quisiera habilitar el homicidio».
Llumá relató que al tomar conocimiento de la fiesta en cuestión, se le dio aviso al Ministerio Público de la Acusación para que tomara las medidas necesarias para impedirla y apuntó que no atendieron a tiempo la denuncia.
«La policía notificó al Ministerio de Seguridad y dimos parte a la Justicia, es decir al fiscal de Flagrancia quien a su vez informó anticipadamente al fiscal Regional sobre la realización de esa fiesta”, detalló el funcionario
“Hay denuncia formalizada previa a la realización del evento, una respuesta de los fiscales y luego consultas permanentes”, explicó el funcionario y señaló que ni el fiscal de Flagrancia ni el Regional dictaron ninguna medida de acción al respecto y que la respuesta del MPA se limitó aun ‘lo estamos evaluando’.
«Le solicitamos en tres oportunidades al Fiscal durante la realización de esta fiesta, que nosotros anticipamos que se iba a hacer, qué temperamento teníamos que tomar. Le pedimos al fiscal que le indique a la policía cómo actuar. Veinticuatro horas antes y durante la realización del evento, nosotros monitoreamos lo que ocurría y le fuimos informando al fiscal. La policía consultó en dos oportunidades al fiscal sobre los pasos a seguir. Todo está documentado», recalcó Llumá.
A la gravedad de la realización de un evento con 1200 personas, en plena pandemia, sin el cumplimiento de nigún protocolo sanitario se le sumó la situación de una mujer de 30 años que terminó en coma por una sobredosis. De acuerdo a lo relatado por el padre y la madre de la joven, los médicos apuntaron que lo que la chica tomó fue «una bomba letal».
Aparentemente, la joven, oriunda de Villa Mugueta, se descompensó y cayó al suelo en medio de la fiesta. Primero fue trasladada al Samco de Armstrong, luego de fue llevada a Cañada de Gómez y finalmente internada en el Sanatorio de la Mujer con un cuadro de intoxicación severa y en coma.
