Un gendarme detenido por extorsionar a una abogada y un relato sobre usurpaciones y estafas inmobiliarias
El efectivo se presentó en su estudio y le pidió 8.000 dólares a cambio de no denunciar a su hijo, también abogado, quien lo habría estafado con una propiedad. Aunque la profesional damnificada nada tiene que ver, dicho estudio fue allanado meses atrás y un abogado fue detenido acusado de ser parte de una organización que vendía propiedades usurpadas.
Un efectivo de la Gendarmería Nacional fue detenido este jueves por la mañana por protagonizar un intento de extorsión. El hombre se presentó en un estudio jurídico, buscando al hijo de la abogada que allí trabaja y le exigió a la mujer 8.000 dólares para no denunciarlo por haberlo estafado. Meses atrás, dicho estudio jurídico quedó envuelto en una investigación por fraudes inmobiliarios con viviendas usurpadas.
De acuerdo a las fuentes policiales, la mujer denunció que el gendarme, de 28 años, se presentó en su estudio jurídico, ubicado en Avenida Pellegrini al 2000, y preguntó por su hijo, Pedro Juan C. también abogado. Cuando la mujer le respondió que esa persona no estaba ahí y que tampoco trabajaba allí, el agente se ofuscó y le manifestó que lo iba a denunciar y le iba a hacer sacar la matrícula porque lo había estafado con una propiedad. Acto seguido le exigió el pago de 8.000 dólares para no acudir a la Fiscalía y presentar las supuestas pruebas en su contra.
Pero, finalmente, quien concurrió a hacer la denuncia por el intento de extorsión fue la abogada, y el fiscal César Cabrera Molino dispuso un operativo de la Agencia de Investigación Criminal durante el cual se logró detener al gendarme, Fernando Gastón R., en el momento en el que regresó a exigir el dinero.
En tanto, las fuentes judiciales indicaron que el estudio jurídico al que concurrió el uniformado detenido, efectivamente estuvo envuelto en una investigación por estafas inmobiliarias con viviendas usurpadas, investigación que derivó en una serie de audiencias imputativas realizadas entre el 4 y el 7 de enero pasado en las cuales fueron imputados el abogado Pedro Juan C., cuyo nombre coincide con el del hijo de la abogada, tres policías y un corredor inmobiliario por conformar una asociación ilícita.
Abogados, policías, pistoleros y corredores inmobiliarios
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, en las audiencias realizadas entre el 4 y el 7 de enero pasado, fueron imputadas siete personas (los investigados eran ocho pero uno de los involucrados aún no fue llevado a audiencia porque permanece prófugo). La investigación se originó a raíz de un ataque a balazos a una vivienda ubicada en Fraga 700 Bis, ocurrida en septiembre, en la cual resultó herida una nena de 12 años.
Cuando la balacera ocurrió, los moradores del domicilio relataron a los investigadores que hacía poco tiempo que habían comprado esa casa con los documentos correspondientes y que la operación la habían concretado en un estudio jurídico. Sin embargo, poco después comenzaron a sospechar de esa operación porque dos personas los fueron a buscar y les advirtieron que se tenían que ir de ahí porque la propiedad era usurpada.
La familia relató que la propiedad la encontraron publicada en una página de Facebook, denominada Cirujeando, el 10 de agosto de 2020, y que en esa ocasión se contactaron con una persona que los envió al estudio jurídico de Pedro Juan C. para concretar la transacción.
Además, las víctimas de la balacera señalaron que, al día siguiente del ataque, tres policías fueron a hablar con ellos, luego de la toma de declaraciones, y les manifestaron que Pedro Juan C. era abogado y estaba siendo investigado por hechos delictivos. Vale decir que dichos policías son los que resultaron imputados, y dos de ellos con prisión preventiva, por los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario publico, falsedad ideológica e instrumento publico, violación de secreto oficial y extorsión consumada.
De acuerdo a la investigación realizada por los fiscales Valeria Haurigot y Claudio Rébola, la organización se dedicaba a detectar inmuebles usurpados o usurpables, para luego ocuparlos con personas de esta estructura y falsificar los instrumentos públicos o privados para simular su legitimidad en las posesiones de hecho y así comercializarlos, ofreciendo dichos inmuebles para la venta por diversos canales (generalmente en redes sociales).
En esa audiencia imputativa, al abogado Pedro Juan C. se le atribuyó ser el organizador de la asociación ilícita, ejercer ilegalmente la profesión abusando de su posición de profesional del derecho, instigar varios hechos de usurpación, estafas consumadas y estafas en grado de tentativa y uso de documentos falsos. Se le dictó la prisión preventiva.
Además, los fiscales también le achacaron el rol de organizador a Maximiliano Oscar G., quien se presentaba como agente inmobiliario, detectar las casas y usurparlas para luego ofrecerlas a Miguel Ángel H. (aún prófugo), quien las ponía a la venta.
En tanto, los tres policías involucrados, miembros del Departamento Operativo de Investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal, fueron acusados de revelar información reservada a la persona que se encuentra prófuga y a otro miembro de la organización, con el objeto de exigirle dinero a cambio de asegurarles impunidad. Además, el 10 de septiembre de 2020, los imputados realizaron, por orden de un superior, tareas investigativas en el marco del hecho de abuso de armas que dio origen a la causa, entrevistaron a las víctimas y ocultaron lo actuado al Ministerio Público de la Acusación durante un prolongado período de tiempo.