Este martes, a través de un procedimiento abreviado, el ex comisario Cristian Di Franco, acusado y detenido en el marco de la causa que investiga los delitos cometidos por Esteban Lindor Alvarado, fue sentenciado a tres años de prisión efectiva y seis de inhabilitación especial por los delitos de asociación ilícita, en carácter de autor y en grado consumado, en concurso real con las conductas de omisión de promover la persecución y represión de delincuentes e incumplimiento de los deberes que, como funcionario público policial, le impone la ley y los reglamentos vigentes.
En una audiencia realizada por videoconferencia, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra le atribuyeron a Di Franco, conocido en el ambiente como «Chamuyo», quien fuera subjefe de la comisaría 3ª e Carcarañá en el año 2012 ser parte de la asociación ilícita cuyo liderazgo se le atribuye a Esteban Alvarado.
De acuerdo a lo investigado por los fiscales, «Chamuyo» Di Franco formó parte del grupo de personas que, con sus aportes, permitieron construir un permiso estatal contrario a la ley para beneficio del jefe de la asociación. Puso a su disposición parte de los recursos materiales y humanos que se encontraban bajo su responsabilidad para posibilitar el funcionamiento de la asociación ilícita, procuró la impunidad de los hechos ejecutados por los integrantes de la organización; desvió las investigaciones judiciales; aportó información que ellos tenían en función de la calidad de funcionarios policiales y por tanto reservada que permitió la comisión de delitos; omitió investigar los delitos cometidos los miembros de la asociación ilícita y llevó a cabo acciones policiales de recolección de información para dirigirla contra personas adversas, garantizando de esta forma la continuidad del negocio criminal de esta organización.
Las pruebas demostraron que Di Franco ingresó en diversas oportunidad al sistema de Plana de Secuestro y del Registro Nacional de la Propiedad Automotor a pedido de Esteban Lindor Alavarado a los fines de suministrarle información de los dominios de automóviles para faciliar la comercialización de los mismos de manera ilegítima. Además, entabló comunicación con el instructor de sumarios de la comisaría 14º y valiéndose de su condición de compañero de promoción y mintiéndole, intercedió para que liberen a otra persona.
El juez de Primera Instancia, Mariano Aliau, resolvió homologar el procedimiento previamente aceptado por la Fiscalía y la Defensa y sentenció al imputado a tres años de prisión efectiva y 6 de inhabilitación especial.
