por Florencia Vizzi ( desde el Centro de Justicia Penal)

Casi ocho años han pasado desde aquel domingo 18 de septiembre, día en que Paula Perassi salió de su casa, tan sólo con lo puesto, luego de recibir una llamada telefónica y nunca volvió. Casi ocho años hasta la llegada de este momento, el tramo final del juicio por su desaparición y muerte. A las 8.54 los jueces Griselda Strologo, Alvaro Campos y Mariel Minetti ingresaron a la sala siete de audiencias del Centro de Justicia Penal y dieron inicio a la primera de las tres jornadas en las que se escucharán los alegatos finales de todas las partes, en el juicio por aborto no consentido seguido de muerte.

Con el lugar colmado por testigos, periodistas y curiosos, el fiscal Donato Trotta fue el primero en tomar la palabra.

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«Esta causa se construyó en la conciencia, en la seriedad y en los indicios de los elementos de prueba , elementos que han sido traídos a lo largo del debate», comenzó Trotta para luego advertir al Tribunal que «no deberán valorar a la falta del cuerpo como un descargo». «Debe ser valorado como una consecuencia de un plan criminal que fue parcialmente exitoso. Y decimos parcialmente porque a lo largo del debate hemos destruido las pruebas que intentaban demostrar el estado de inocencia de los imputados en la causa».

Con estas palabras el fiscal dio comienzo al primero de los alegatos de la parte acusatoria y señaló que «a fines de logar una mejor exposición» dividió en capítulos la exposición de la teoría del caso.

«En un primer momento nos referiremos a la relación amorosa entre Paula Perassi y Gabriel Strumia, y cómo influyó en todos los hechos posteriores.  En un segundo momento, nos referiremos al embarazo de Paula Perassi y el conflicto que generó entre ellos y en el entorno, haciendo foco en el día previo a la desaparición, en un tercer momento hablaremos el día de la desaparición y en un cuarto momento hablaremos de los proveedores de la impunidad».

Así se abrió el juego final. Los alegatos serán extensos y detallados, atentos a la densa dinámica que plantea que haya 9 imputados, cinco de los cuales son policías. Se repasarán los testimonios, las pruebas incorporadas, y se escuchará el análisis de las mismas por parte de los representantes de todas las partes. Se advierte que el juego será áspero y proliferarán pedidos de falsos testimonios y tenaces protestas de los letrados. Las cartas están echadas.

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El fiscal Donato Trotta mantuvo el pedido de pena de prisión perpetua para Gabriel Strumia, Roxana Michl, Antonio Díaz y Mirta Rusñisky por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte.

Para los efectivos policiales involucrados en el caso, sostuvo el pedido de 6 años de prisión e inhabilitación por 10 años para Adolfo Puyol y 16 años de prisión e inhabilitación de 10 años para Jorge Krenz, Aldo Gomez, Gabriel Godoy y María Jose Galtelli, por el delito de encubrimiento.

Además, el funcionario judicial adivirtió que acusará por falso testimonio a Nicolás Strumia y Daniel Vázquez.

Acusaciones:

* Gabriel Héctor Strumia, Roxana Andrea Michl, Antonio Darío Díaz y Mirta Dominga Ruñisky por los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real solicitando la pena de prisión perpetua.

Adolfo Daniel Puyol por los delitos de Encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario publico en concurso real, en calidad de autor, solicitando la pena de 6 años de prisión efectiva e inhabilitación especial 10 años de ejercer cargos públicos.

Jorge Enrique Krenz, Aldo Gomez, Gabriel Mario Godoy y Maria Jose Galtelli, por los delitos de Encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario publico, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento publico en concurso real, en calidad de autor solicitando la pena de 16 años de prisión efectiva e inhabilitación especial 10 años de ejercer cargos públicos.