El senador santafesino, Armando Traferri, presentó este miércoles una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a la jueza María Isabel Mas Varela por haber homologado el procedimiento abreviado firmado por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. Dicha denuncia plantea que la magistrada avaló «las ilegalidades de los fiscales» Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. En su planteo, apuntó que al destituido fiscal se le aplicó una condena menor a la correspondiente, que la jueza Mas Varela no debió avalar la figura del imputado colaborador y que no se aplicaron las multas correspondientes, favoreciendo así al imputado. Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial expresaron su preocupación por la presentación del legislador.
La presentación realizada por el legislador consta de cinco ejes, que califica de «errores macroscópicos». El primero de ellos ataca la convalidación de la figura del «imputado colaborador» en el proceso abreviado, ya que en la provincia de Santa Fe no se dictó ninguna norma que adhiera a la ley nacional que invita a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes. «La doctora Mas Varela no debió aplicarla. Desconocer esto, es algo más que un simple error judicial”, afirmó Traferri.
Incluso, el senador señaló que, aunque dicha figura hubiera estado vigente, la misma fue mal aplicada, ya que la magistrada “no efectuó la valoración que esa misma ley impone para hacer eficaz el beneficio que otorga”. De acuerdo a lo establecido por la norma, la información otorgada por el arrepentido «debe ser precisa, comprobable, verosímil, útil para la investigación y tiene que referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que el declarante haya sido partícipe”. En la presentación, Traferri acusa a la jueza de no haber comprobado que así fuera y de haber «descansado» en la palabra de los fiscales.
El escrito remarcó además que la figura del arrepentido es incompatible con un procedimiento abreviado, ya que en este caso no existió un tribunal de juicio que pudiera valorar la relevancia y veracidad de la información aportada por Ponce Asahad. La jueza “no debió admitir la figura del arrepentido, no solo por no estar contemplada en la legislación procesal, sino porque aun si se mal entendiese su aplicación, nunca puede ser en el marco de un proceso abreviado, que responde a otra lógica de política criminal, lo que los hace irreconciliables entre sí”, insistió el senador.
Otro de los puntos que ataca Traferri es el cálculo de la reducción de la pena. De acuerdo al escrito, la jueza Mas Varela habría calculado mal la reducción de la pena, beneficiando así al imputado. Según se señala, los fiscales habrían reducido a la mitad el mínimo y a un tercio el máximo de la pena que les correspondía aplicar y que, una vez aplicada, la redujeron nuevamente a un 50%, arreglando una condena de 3 años. “El control de legalidad en la aplicación de la pena se hizo mal, porque se convalidó un error matemático que facilitó luego la libertad del imputado. Esto también es reprochable, porque es difícil explicar a la sociedad que una persona ha obtenido la libertad porque tanto las partes como la jueza no supieron sumar o restar”
En ese mismo sentido, Traferri aseguró que no se aplicaron las multas correspondientes y que, según la normativa, en el caso de un arrepentido, no se ven reducidas. En el caso del delito de cohecho agravado, uno de los que se le achacó a Ponce Asahad, se prevé una multa de 2 a 5 veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. “Los fiscales en el acuerdo omitieron imponer la pena de multa que exige el artículo 259 bis del Código Penal, cuestión que tampoco fue advertida por la magistrada al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado entre las partes. La pena de multa para este delito no es alternativa, sino conjunta. Si la jueza no tenía elementos para estimarla, debió rechazar el acuerdo, no condonarle una deuda punitiva”, argumentó Traferri.
Según explicó el senador, el ex fiscal Ponce Asahad cobró unos 200.000 dólares en coimas, lo que implica, en el mejor de los casos, haber pagado multas por 400.000 dólares.
Magistrados preocupados
A poco de conocerse la presentación de Amando Traferri, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur) emitió un comunicado en el que expresa su «desacuerdo y preocupación» por la denuncia realizada por el senador Armando Traferri.
«Una vez más, sostenemos que las herramientas legales previstas para juzgar la responsabilidad funcional de magistrados y magistradas no deben ser utilizadas para modificar o controlar el contenido de las decisiones jurisdiccionales, puesto que significaría una desnaturalización de dichos instrumentos de control, en detrimento de la independencia judicial. Por tal motivo, creemos necesario remarcar que las discrepancias que eventualmente puedan mantenerse con las decisiones adoptadas por jueces y juezas en ejercicio de sus funciones deben canalizarse por las vías procesales correspondientes», sostiene el texto firmado por el presidente de la institución, Gustavo Salvador y el secretario, Iván Kvasina.
