Dos jefes de la policía de Santa Fe y un escribiente fueron condenados a penas de ejecución condicional y multas tras ser hallados culpables, en el marco de un juicio abreviado, de defraudación por irregularidades en el otorgamiento y uso de horas extras y adicionales, informaron hoy voceros judiciales.
A su vez, a otros 33 agentes de la fuerza pública se les aplicaron salidas alternativas previstas en la legislación provincial.
Las maniobras defraudatorias fueron cometidas con las horas de Orden del Servicio de Policía Extraordinaria (OSPE) y de Servicio de Policía Adicional (SPA) en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe.
El jefe policial Marco Antonio Nievas (42), quien tenía a su cargo la Brigada Motorizada, deberá cumplir tres años de prisión de ejecución condicional, abonar 90.000 pesos de multa y donar 89.770 pesos a una entidad de bien público y 61.674 a su repartición.
Por otra parte, a Marcelo José Maldonado, subjefe de la Agrupación Cuerpos, se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos.
También debió pagar 284.466 pesos en concepto de reparación del daño al Ministerio de Seguridad de la provincia, donó 88.000 pesos a instituciones de bien público y abonó 45.000 pesos de multa.
Los hechos ilícitos por los que fueron condenados Nievas y Maldonado fueron cometidos entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2015, en el ámbito de la Brigada Motorizada.
La Fiscalía explicó que los dos jefes policiales llevaron a cabo su accionar de forma coordinada con el escribiente Cristian Ariel Zaninetti.
La defraudación consistió en la superposición de horas extraordinarias entre sí y de horas extraordinarias y adicionales con la jornada laboral ordinaria.
En reiteradas ocasiones, los agentes también realizaron horas extras durante su período de licencia anual, lo que está expresamente prohibido para el personal policial.
Nievas, Zaninetti y Maldonado fueron condenados como coautores del delito de defraudación doblemente calificada, por haber sido cometida por funcionarios públicos y en perjuicio de la administración pública.
Según precisó la Fiscalía, en la investigación se comprobó que los policías generaron un daño total a la administración pública de 360.996 pesos, y en el marco del proceso penal se recuperaron 1.150.547 pesos a raíz de los intereses aplicados y de las multas y donaciones que debieron pagar los 36 policías investigados.
