El empresario Alberto Samid fue expulsado hoy de Belice, adonde había huido tras negarse a comparecer en un juicio en su contra, y esta noche volaba hacia la Argentina custodiado por dos policías federales, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este lunes, el hombre fue llevado desde la comisaría de la isla de San Pedro, donde se encontraba detenido desde el viernes, hacia los tribunales de Belice.
Posteriormente, se lo trasladó en una lancha y después tomó un vuelo hacia Buenos Aires, ya que la autoridades de ese país consideraron que el empresario cometió un delito migratorio y por eso lo extraditaron.
Bullrich explicó previamente que «la mentira» tiene un peso muy fuerte a la hora de evaluar las causales que definan la expulsión del matarife, ya que Samid declaró en su ingreso a Belice que viajaba como turista, cuando en realidad lo hacía escapando de la justicia argentina.
En tanto, la defensa de Samid pidió una pericia psiquiátrica una vez que sea traído desde Belice. «Entre el día de hoy y mañana el gobierno (de Belice) va a decidir cuál va a ser la conducta a seguir. De alguna manera nos han adelantado la posibilidad de expulsión, pero vamos a esperar la comunicación oficial», sostuvo Bullrich esta mañana, en rueda de prensa, tras la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.
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Sobre el empresario, que es juzgado desde el 18 de marzo pasado por supuesta asociación ilícita (a raíz de una investigación abierta en 1996 por evasión impositiva en sus frigoríficos) pesa desde el 3 de abril un pedido de detención que fue solicitado por el fiscal y el tribunal oral en lo Penal económico N° 1, integrado por los jueces Juan Michilini, Diego Garcia Berro e Ignacio Fourcade.
«Este podría ser el delito migratorio», apuntó Bullrich, quien además señaló que los dos efectivos de la Policía Federal que viajaron a ese país «ya tomaron contacto» con la policía local y con Interpol.
El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, agregó que el llamado «Rey de la Carne» fue detenido el sábado pasado en el Cayo Ambergris, San Pedro Town, luego de haber sido declarado prófugo por la justicia argentina.
Al igual que la ministra de Seguridad, en declaraciones radiales, Milman remarcó que «es una decisión de Belice expulsarlo o no», pero advirtió que, de no hacerlo, Argentina pedirá un «principio de reciprocidad» para que Samid sea trasladado al país para declarar.
Milman aclaró que las características que tenga el traslado del empresario «dependerá de la actitud que tome», es decir si «colabora».
En tanto, contó que Samid se encuentra «fuera del calabozo» y «sin esposas», y consideró que si tal como dice el empresario «las temperaturas son altas» y «le hacen mal», no debe olvidarse que «él eligió ese lugar».
La defensa de Samid pidió al Tribunal que lo juzga por asociación ilícita una pericia psiquiátrica para determinar su capacidad, en caso de que sea trasladado desde Belice (el país más pequeño de América Central), donde fue detenido el sábado.
En tanto, el tribunal deberá resolver si ordena la medida solicitada por la defensa, una vez que se defina si el empresario será trasladado al país.
El planteo había sido hecho por el abogado Vicente D’Attoli ante el Tribunal Oral en lo Penal y Económico Nº1, días antes de la detención del empresario frigorífico, en momentos en los que había sido declarado prófugo pero daba entrevistas periodísticas, indicaron fuentes judiciales.
En esos momentos, la Justicia Penal lo buscaba dentro del país, ya que se especulaba con la posibilidad de que Samid estuviera refugiado «en un campo muy grande al que es muy difícil de acceder», como lo expresó públicamente el propio empresario.
El 5 de abril, Interpol emitió el alerta roja para su captura y tan solo un día después lo detuvo, por lo que efectivos de la policía Federal viajaron a Belice para poder trasladarlo una vez que ese país defina si lo expulsa.
Lo mismo hicieron la mujer y el hijo del empresario cuando se dio a conocer que Samid había sido detenido. La fiscalía pidió que Samid reciba una pena de seis años y medio de prisión.
