Especial de NA, por Adrián Rodríguez
En un año en el que resonó fuerte el grito colectivo Ni Una Menos para intentar detener la violencia contra las mujeres, los crímenes que las tienen como victimas volvieron a llenar las páginas policiales con historias de brutalidad, sexismo y barbarie.
El 3 de junio pasado 150 mil personas se reunieron en el Congreso Nacional para protestar contra la violencia contra las mujeres, en una movida que fue replicada en muchas ciudades del país.
El macabro derrotero, sin embargo, no se detuvo: entre muchos casos de crímenes de mujeres, el primero que sobresalió es el de Andrea Castana, de 34 años, quien desapareció el 11 de marzo en Villa Carlos Paz y fue encontrada dos días más tarde enterrada y sin ropas, en el paseo del Cerro la Cruz.
Tras varias detenciones, el asesinato se mantenía impune, y el rastro genético encontrado en el cuerpo de Andrea todavía no había podido ser identificado.
En esos primeros meses la atención informativa se mantenía en torno al extraño proceder de funcionarios judiciales uruguayos por el crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, de 16 años, quien fuera encontrada asfixiada en la playa de Valizas.
Ese crimen, cometido el 28 de diciembre de 2014, también se mantenía impune a pesar de que en la primera parte de la investigación se demoró a decenas de «sospechosos» por débiles indicios.
El otro hecho sangriento que hizo ruido por esos meses fue también en Córdoba, aunque al este, en San Francisco.
El 13 de abril último a las 11 el empresario Mauro Bongiovanni entró al jardín de infantes «Estrellitas traviesas» y asesinó a puñaladas a su exesposa, la maestra María de los Ángeles Bertorello, de 44 años, delante de sus pequeños.
Bongionvanni, de la misma edad, tenía restricción perimetral por denuncias previas de violencia y la docente tenía asignado un botón antipánico que de nada le sirvió.
Con apenas 14 años y un incipiente embarazo, Chiara Pérez fue asesinada a golpes y luego enterrada en el jardín de la casa de su novio, en Rufino, Santa Fe, el 11 de mayo.
Un muchacho es el único detenido por el crimen, mientras que miembros de su familia habían sido aprehendidos y luego liberados.
Katherine Moscoso tenía 18 años y su cuerpo fue hallado con signos de haber sido golpeada y enterrada viva el 23 de mayo en el balneario de Monte Hermoso.
La principal acusada es su amiga Daiana Sánchez, de 24 años, quien fue detenida y liberada por sufrir una leve discapacidad mental.
La muerte de Katherine derivó en una pueblada en la que fue asesinado un hombre llamado Canini González, sospechado de participar en el crimen, además del incendio de una comisaría y otros destrozos.
Melisa Tuffner, de 22 años, fue hallada embarrada y golpeada en la cabeza el 19 de julio cuando se dirigía a un centro cultural de Glew, en el sur del Gran Buenos Aires, y murió tras algunos días de agonía.
Por el caso hay un hombre de 30 años captado por cámaras de seguridad mientras seguía a la chica que fue detenido semanas más tarde.
El 21 de agosto, el empresario Fernando Farré mató de más de 70 puñaladas a su esposa Claudia Schaefer en uno de los cuartos de su casa en el exclusivo barrio privado Martindale, en Pilar, mientras sus abogados se encontraban en la propiedad para discutir los términos del divorcio de la pareja.
El 16 de noviembre fueron encontrados asesinados a puñaladas Sabrina Martín, de 24 años, y su hijo Ian, de dos, en la casa en la que vivían, de El Palomar, en el oeste del conurbano bonaerense.
El autor del doble crimen, Enrique Alcaraz, de 25 años, fue detenido cuando se había llevado a Junín a Mía, la hermanita de seis años del nene asesinado.
Otro caso similar es el de Blanca Estela Martínez, de 38 años, hallada degollada en su casa de la Villa 31, de Retiro, el 25 de noviembre, al mismo tiempo que desapareció su beba de apenas cuatro meses.
La pequeña recién fue hallada dos semanas después en un pueblo de Paraguay adonde había sido llevada por su padre, un joven de 25 años que era buscado por el asesinato de Blanca.
Un escalofriante parricidio y otros casos resonantes del 2015
Sospechas de canibalismo y sentimientos extremos que rondan la locura parecen ser los ingredientes de uno de los casos que estremeció a la opinión pública: el crimen de un matrimonio cuyos miembros fueron descuartizados y quemados en fogatas por el hijo de la mujer, aparentemente con la ayuda forzada o no de su novia, a su vez hija del hombre asesinado.
Ricardo Klein, de 54 años, y Miryam Kowalczuk, de 52, -madre de Leandro- fueron asesinados el 2 de septiembre en su casa del partido de Pilar.
Doce días después, la Policía allanó la casa y encontró restos óseos dentro de un balde, además de rastros de que los cuerpos fueron incinerados: las sospechas apuntan a que el hijo de Kolwalczuck, Leandro Acosta, de 25 años, los mató a tiros y luego contó con su pareja y hermanstra, Karen Klein, de 22, para limpiar la escena.
El joven quedó detenido como principal sospechoso, mientras que Karen fue liberada por falta de mérito, frente a la hipótesis de que actuó amenazada.
El otro hecho sangriento que sobresalió en 2015 fue el cuádruple crimen de tres jóvenes hermanos y un amigo, acribillados en el interior de la villa 1.11.14, de la zona porteña del Bajo Flores.
El hecho ocurrió el 11 de abril pasado, tuvo como víctimas a los hermanos Agustín (24), Hugo (30) y Leticia Lezcano González (19), y de Fabio Basualdo Gómez Ruíz Díaz (21), y las sospechas apuntan a enfrentamientos de bandas vinculadas al narcotráfico.
También resonó el caso de Manuela, una chica de 19 años que fue violada por un taxista el 19 de abril tras salir de un bar del barrio de Colegiales.
El presunto autor del hecho, Tito Franklin Escobar Ayllon, de 44 años y nacionalidad boliviana, sigue prófugo a pesar de que se ofreció una recompensa de 200 mil pesos por datos sobre su paradero.
El 7 de junio murió Agustín Marrero, de apenas cinco años, tras recibir una brutal golpiza en su domicilio del barrio porteño de Flores, a mano de su padrastro.
El aberrante caso tuvo otras derivaciones, como la separación de docentes del jardín del nene, acusadas de no haber notado el maltrato que recibía.
Durante todo el año, además, persistió la preocupación por la incidencia del narcotráfico y tras incautaciones de importantes volúmenes de marihuana y cocaína en distintas provincias, la credibilidad en las instituciones se vio golpeada por hechos como la imputación al juez federal de Orán, Raúl Reynoso, por sospechas de que protegía a narcotraficantes, en esa sensible zona de la frontera con Bolivia.
Graves derivaciones de la causa Amia, Hotesur y las subrogancias marcaron el año judicial
La investigación por la muerte del extitular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman, el juicio por las irregularidades en el caso AMIA y el Memorándum con Irán, todas causas derivadas de la voladura de la mutual judía, más el caso Hotesur y las subrogancias de jueces marcaron la agitada agenda judicial del año.
El 2015 estuvo signado por la investigación aún en curso por la muerte de Nisman, de la cual se desconoce si fue suicidio u homicidio, lo que derivó en una marcha de fiscales y jueces reclamando justicia en febrero pasado, en medio de uno de los picos de tensión más fuertes que enfrentó al Poder Judicial con el gobierno kirchnerista.
En ese clima de enfrentamiento, el juez Claudio Bonadio avanzó en la investigación por el caso Hotesur, en la que están bajo la lupa supuestas maniobras de lavado de dinero por habitaciones del hotel Los Sauces que contrató el empresario Lázaro Báez a los Kirchner y que se sospecha nunca fueron ocupadas.
La investigación tocó de cerca a la familia presidencial, pues el juez dispuso unos 40 allanamientos en Río Gallegos (uno de ellos en la inmobiliaria de Máximo Kirchner), así como en Bariloche y Comodoro Rivadavia, tras lo cual el magistrado fue apartado por una recusación y el caso ahora está en manos de su par Daniel Rafecas.
Junto a la investigación de la muerte de Nisman se abrieron gran cantidad de causas, como aquella en la que se pone bajo la mira a la familia del fallecido y a él mismo, ante sospechas de lavado de dinero por una gran cantidad de bienes y cuentas en el exterior.
Además, su fallecimiento dio pie al inicio de un proceso impulsado por el Gobierno en contra del exdirector general de Operaciones de la ex-SIDE Antonio «Jaime» Stiuso, por enriquecimiento ilícito y por encubrir el atentado a la AMIA.
En principio, el Gobierno acusó a Stiuso de tener relación con la muerte del fiscal, quien el 14 de enero pasado presentó una denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la entonces Presidenta y el canciller Héctor Timerman, entre otros, que más tarde fue archivada por el juez Rafecas.
Otro de los temas que dejó su marca en 2015 fue la causa AMIA, ya que se inició el juicio por presuntas irregularidades en la investigación del atentado, entre quienes está acusado el expresidente Carlos Menem.
Además, se cayó finalmente la puja en Tribunales sobre el Memorándum con Irán, ya que mientras el kirchnerismo promovía su constitucionalidad, el nuevo Gobierno dejó de insistir y el tratado quedó en el olvido.
El 2015 fue una continuidad de dos investigaciones de alto impacto político: la causa contra el exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, en la que está por ir a juicio oral luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara su procesamiento; y la que apunta contra el empresario Lázaro Báez y otros por la «fuga» de más de 50 millones de euros a paraísos fiscales a la par de sospechas de lavado de dinero.
Boudou sumó, además, una gran cantidad de complicaciones en la Justicia, ya que tiene un proceso en juicio por irregularidades en la documentación de un vehículo que compró en la década del ´90, fue indagado por dádivas a raíz de vuelos gratuitos que hizo y caen sobre él pedidos de citaciones y prohibiciones de salida del país.
Otro de los puntos de conflicto entre la Justicia y el Ejecutivo fue la denominada ley se subrogancias para cubrir temporalmente los juzgados vacantes, la que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y obligó a dar marcha atrás con algunas designaciones de conjueces cercanos al Gobierno.
Incluso, la Corte suspendió la lista de conjueces nombrados por el Gobierno para cubrir cargos vacantes en el alto tribunal, que sufrió dos bajas a raíz de las renuncias de Eugenio Raúl Zaffaroni y el juez Carlos Fayt, este último en medio de una pelea con el Gobierno que lo venía cuestionando por su avanzada edad y en consecuencia, temor de incapacidad para ejercer el cargo.
Uno de los juicios que marcó el año fue el que se desarrolló por la tragedia ferroviaria de Once, donde tras largos meses se arribó a un veredicto, luego de poner bajo la mira a empresarios, funcionarios del área de transporte y la negligencia, en el caso, del motorman.
También fue el año en donde la situación para Macri cambió 360 grados en la causa que se le sigue por presunto espionaje ilegal: está procesado, pero la causa se encamina hacia su sobreseimiento, pues así lo reclamó el fiscal Jorge Di Lello.
