Giros inesperados, vueltas de tuerca, secretos y mentiras. Cual telenovela de la tarde, sigue su curso el capítulo Saín en la provincia de Santa Fe. Esta vez, es el propio ex ministro de Seguridad el que escribió el nuevo episodio. Es que este martes, el ex titular del Organismo de Investigaciones, sospechado de montar una presunta estructura de espionaje ilegal durante su gestión, solicitó el apartamiento de los fiscales que el último viernes allanaron, según dijo, «sin orden judicial» las oficinas de la cartera provincial, en la que secuestraron dispositivos electrónicos y teléfonos celulares de funcionarios en una investigación por presunto espionaje e irregularidades administrativas.
A la vez, en la presentación realizada hoy al Ministerio Público de la Acusación (MPA), los abogados de Sain plantearon la «incompetencia» de los fiscales que llevan el caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, de acuerdo con el delito que se encontraría en investigación.
El actual asesor de Aníbal Fernández en la cartera de seguridad nacional presentó un habeas corpus ante la Justicia santafesina para conocer si hay una orden de detención en su contra y solicitó precisiones sobre los allanamientos al Ministerio de Seguridad de la provincia sobre los cuales denunció que se hicieron sin la correspondiente orden.
«Si la investigación se orienta a demostrar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, la competencia es de la Justicia Federal», señala la defensa de Sain.
La presentación se realizó ante el juez Carlos Leiva, quien hizo lugar al recurso y requirió que en el plazo de 10 horas se informe si existe tal orden y solicitó «circunstancias detalladas de la medida diligenciada el 26 de noviembre» en las oficinas del ministerio que meses atrás dirigía. La información debe ser brindada por el titular de la Unidad Regional II de la policía, la Policía Federal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Este lunes, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto a través del cual instruyó al fiscal del Estado, Rubén Wedder, para que realice una investigación y determines si se cometieron irregularidades en el Ministerio de Seguridad.
En su presentación, el ex titular de la Seguridad provincial, además de exigir saber si pesa sobre él una orden de detención, aseguró que en los procedimientos realizados en las oficinas que hasta hace algunos meses dirigía, se cometieron severas irregularidades que podrían conducir a la «nulidad del acto». Saín adujo que los allanamientos, en los que se secuestraron dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también documentación, se realizaron sin orden judicial. Ante estas «severas irregularidades», solicitó acceso al material fílmico obrante en la investigación».
El ex ministro también denunció que los efectivos policiales que realizaron los procedimientos, exigieron a todo el personal que entregue sus teléfonos, carteras, billeteras y documentos, y que nunca se les hizo saber que no existía una orden que avale la medida.
