Por Florencia Vizzi

El joven sale corriendo de uno de los negocios ubicados sobre la peatonal San Martín. No alcanzó a comprar nada, ya que va tras una mujer que trata de llevarse la bicicleta que, minutos antes, había estacionado fuera del local comercial. «Te agarré», exclama, al alcanzarla. Mientras la sostiene fuertemente y se produce un forcejeo, la mujer trata de zafarse mientras murmura: «Bueno, ya fue, dejame, sino te robé nada». «Sí, no me robaste nada porque te agarré», le grita el joven con indignación. Atemorizada, la mujer vuelve a rogar: «Dejame ir, ya recuperaste tu bici». Pero la respuesta fue premonitoria: «Cagate mami, vos te la buscaste».

Palabras más, palabras menos, así comenzó el derrotero de una causa judicial casi inexplicable. Natalí R., una mujer en situación de calle y con siete hijos que alimentar, ya lleva 11 meses de prisión preventiva y enfrenta una condena de cinco años de prisión efectiva por un delito que no llegó a cometer. Su situación se dirimirá en un juicio oral y público cuya fecha de inicio es el próximo 1º de junio.

Desde la ONG «Mujeres tras las rejas» y la Asociación Pensamiento Penal realizaron una presentación ante el fiscal Gastón Ávila, quien está a cargo de la acusación, argumentando que «el pedido de pena resulta irracional e infundado» y señalaron que dicho accionar penal viola la exigencia constitucional de respeto por el principio de lesividad, racionalidad, de uso del poder punitivo como última ratio y de no discriminación por cuestiones de género. También remarcan la necesidad de buscar una forma alternativa a la resolución del litigio, no sólo por la trascendencia del hecho que se le achaca a Natalí R., sino porque la misma es una persona en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Juicios de clase y de género

Natalí R. está detenida en la Unidad Penal Nº 5, con prisión preventiva. La mujer de 36 años tenía antecedentes penales al momento de ser detenida, también por otra tentativa de robo, y cumplía 3 años de prisión condicional. El fiscal Ávila adelantó que pedirá dos años de prisión por el intento de robo de la bicicleta, con una unificación de la pena anterior, lo que la deja al borde de cinco años de prisión, de cumplimiento efectivo.

«En estos 11 meses no se le ofreció ninguna salida alternativa ante un delito que sigue siendo una tentativa. El fiscal lo calificó como tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública, que es un poco más que el robo común, lo cual es muy discutible», detalló a Conclusión la penalista Bernardette Blua, integrante de la Asociación Pensamiento Penal. «También es discutible que se trate de un robo, porque si bien el denunciante dice que la bicicleta estaba atada con un candado, el candado no se encontró y no estaba tampoco en poder de ella, por lo cual es dificil de probar».

Pero, algo que llama la atención en la causa, es que Natalí ofreció pagar 1.500 pesos a modo de reparación a la víctima. «Ella quiso, por así decirlo, tratar de reparar el daño psicológico o moral , si es que se puede llamar de esta forma, porque la bicicleta nunca llegó a ser robada y está intacta», remarcó Blua.  «Pero bueno, cuando se ofreció esa reparación, el fiscal dijo que la víctima no lo quiso aceptar».

«Este es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos juicio de clase y de género. Porque el de Natalí, es un caso, uno más de una incontable cantidad de situaciones similares. El Estado brilla por su ausencia durante toda la vida de estas mujeres y aparece recién para meterlas presas por un delito que en este caso es doble, porque trató de robar una bicicleta pero, bajo la mirada de esta Justicia, de este Estado, se atrevió a incumplir con el rol de mujer y madre socialmente establecido, por lo cual se la juzga también por ello. Hay una doble condena, una doble persecución», apunta Blua.

Tal como argumenta la abogada penalista, la historia de Natalí se repite por miles tras los muros carcelarios, y sólo cambian los nombres y las circunstancias. «Estamos hablando de una persona en situación de extrema vulnerabilidad, que pasó su infancia en un hogar de huérfanos y que cuando salió de allí fue a parar a la calle, que tiene siete hijos que están a cargo de sus abuelas porque no puede mantenerlos ni hacerse cargo de ellos, de una mujer que estaba en situación de calle», remarca.

Además, Blua apunta otra cuestión fundamental en estos casos, que es cómo se llevan adelante las cuestiones penales en estos contextos . «Pensemos una prisión domiciliaria en estos casos. No hay contención y ni contemplación con estas mujeres que viven en barrios vulnerables, empobrecidos, que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas, a los centros de salud, o a las actividades que tengan. Que los tienen que mantener, sin ninguna ayuda, porque son familias monoparentales, pero que no puede salir a trabajar. ¿Cómo entra un ingreso a la casa de esa madre para alimentar a esos chicos?

En ese mismo sentido, la abogada marca la cuestión de la condena condicional. Natalí tenía que cumplir una condicional de tres años, pero no tuvo ningún recurso para poder hacerlo. «Tenía que cumplir ciertas reglas de conducta y un tratamiento psicológico. Pero no hubo el menor acompañamiento ni interé en que eso se lograra, para que ella logre cumplir esas reglas de conducta, ella sigue en situación de calle , el Estado tiene que dar un apoyo y una contención para el cumplimiento de estas condiciones».

Contextos de desamparo y punitivismo extremo

«Lo que está ocurriendo con Natalí es un despropósito tan grande que sería un gran argumento para los pensamientos más de derecha y de izquierda», reflexiona Blua.

El tema es que si el fiscal pide prisión preventiva, y los jueces ven un antecedente penal, entonces acuerdan con eso. Pero no se analiza nada más. En este caso por ejemplo, se gastaron tantos recursos del Estado para mandar a juicio un delito que ni siquiera se cometió. El juez, el fiscal, operadores de la OGJ, la Defensoría Pública, todos los funcionarios judiciales que intervienen, audiencia imputativa, prisión preventiva, audiencia de revisión, audiencia preliminar», enumera la abogada. «Hubo un ejército de funcionarios trabajando en preparar el juicio para una tentativa de robo de una bicicleta y, mientras tanto, en Rosario tenemos que lamentar una promedio de una muerte por día. Entonces, los recursos, ¿dónde los estamos destinando? ¿Realmente nos preocupa la violencia que tenemos que vivir en nuestra sociedad de hoy o es otra cosa la que nos preocupa,?…porque este es un hecho que ni siquiera se consumó» vuelve a remarcar la referente de Pensamiento Penal.

Allí, Blua hace un alto y refiere a la función de la Fiscalía. «Yo no voy a hablar por el fiscal Ávila en particular, porque no se como llevó adelante las negociaciones. Pero a veces es la Fiscalía la que tiene que tratar también de generar algún punto de encuentro o reflexión, aunque ellos representen a las víctimas».

En este caso, y sobre todo, considerando que Natalí ofreció una reparación por el delito, la letrada se pregunta si realmente se le habrá explicado al denunciante que esta mujer está en situación de calle, que probablemente viva tirada en un colchón en la peatonal, que tiene siete hijos de los que no se puede hacer cargo. «Esa situación de vulnerabilidad extrema, ese contexto de desamparo al que estuvo siempre sometida, ¿se le expuso a la víctima? Puede que sí, yo no sé lo que hizo el fiscal, no puedo hablar por él, tal vez la víctima es una persona super vengativa y espera que esta persona termine cinco años presa, por un delito que ni siquiera llegó a cometer… Pero, ¿no hubo un juez que haya tomado nota antes de esa situación, recién en la instancia de juicio oral nos vamos a dar cuenta de eso?»