Desde este lunes, las novedades en la causa Franco Casco conmocionaron a la sociedad pero, sobre todo, a las altas esferas del funcionariado de la Policía de Santa Fe.

A primera hora se conoció que el juez federal Carlos Vera Barros había librado 32 órdenes de detención para las personas a las que considera involucradas con la desaparición y posterior muerte de Franco Casco, y con el posterior encubrimiento del hecho. Entre los detenidos están el jefe de Asuntos Internos Ánibal Candia, y su subordinado inmediato, Sergio Pieroni, y médicos y odontólogos del Instituto Médico Legal, muy comprometidos en el encubrimiento. Al respecto, el abogado Salvador Vera, representante de la querella, reveló ayer un dato que por el momento se desconocía y que es de extrema gravedad: «no hay certeza de que el cuerpo que le entregaron a la familia se corresponda con el de Franco». Así lo corroboran dos exámenes de ADN que dieron negativo.

En el transcurso del día de hoy, continuarán las indagatorias que comenzaron este lunes, y la familia Casco, junto a organizaciones políticas y de Derechos Humanos hace guardia frente a los Tribunales Federales.

«Nuestras expectativas son buenas. Al fin están indagando a esos policías y a estas personas y a pesar de nuestra tristeza, estamos contentos porque vemos que esto por fin avanza», manifestó Ramón Casco a Conclusión.  Y agregó: «Estamos acá, frente a los Tribunales Federales y acá nos vamos a quedar hasta que todo esto termine. Queremos estar acá para que nos vean cada día».

Ramón se mostró esperanzado con lo ocurrido ayer: «Espero que al fin se pueda hacer justicia por lo que le hicieron a Franco. Al menos para encontrar un poco de paz. A mi hijo no me lo van a devolver pero al menos que se haga justicia». 

Prisión preventiva

Luego de prestar declaración indagatoria Candia y Pieroni quedaron detenidos en prisión preventiva. En las mismas circunstancias están otros tres miembros de la mismas división: Ríos, Escobar y Císcaro. También el comisario Diego Álvarez, ex jefe de la comisaría 7°. Todos los acusados quedarán en prisión preventiva a pedido de la querella que consideró que hay peligro de entorpecimiento judicial y de fuga, a lo que el juez le dio la razón.

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