En 2008 se desató el conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por la Resolución 125 que establecía retenciones móviles para los productores agropecuarios. En ese contexto, realizaron una fuerte protesta el 19 de marzo de ese año que implicó el corte de la Ruta Nacional Nº 9 en el kilómetro 150, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro.

Ahora, la Justicia reactivó la causa contra los integrantes de la Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición. El Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50.000 pesos, “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”.

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Entre los procesados se encuentran Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

Además, fueron procesados Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

En 2017 el magistrado había sobreseído a todos los imputados. Sin embargo, tras una apelación que se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, la causa volvió a tomar impulso y se llegó a este procesamiento y embargo.

La Resolución 125 tenía como objetivo implementar un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz. La misma fue rechazada, tras varios días de protesta del campo en todo el país, con el voto “no positivo” del ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, durante una maratónica sesión en el Senado.

Tras el fallo judicial

Mediante un comunicado de prensa, las nuevas autoridades de CRA expresaron la solidaridad con el ex titular de la entidad, Mario Llambías. Y agregaron: “Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados luego de 11 años de aquellos sucesos”.

También manifestaron: “Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden. Cuesta entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas. Cuando reclama el campo, proceso judicial; cuando reclaman los movimientos sociales, justificación y solidaridad”.