Tras cuatro meses de debate, el juicio a Esteban Lindor Alvarado culminó este viernes con el veredicto esperado y todos los imputados fueron declarados culpables. El tribunal conformado por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Más Varela, sentenció  en forma unánime a «El Esteban», a quien consideraron líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y responsable por dos homicidios y cuatro ataques a balazos. La misma suerte corrieron otro cuatro imputados, Mauricio Laferrara, Facundo Almada, Matías Horacio Ávila y Germán Facundo Fernández. Los dos acusados restantes, Miguel Ángel Grecci Hazzi y Damiana Ghirardi cumplirán prisión efectiva y condicional respectivamente y deberán pagar multas millonarias.

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Parte de la organización, entre ellos varios policías, fue condenada en el transcurso del año pasado en diversos procedimientos abreviados, fue la pata de la banda que permitió que la organización creciera con impunidad,  plantando evidencia y pistas falsas en distintas investigaciones.

La sentencia

Los jueces sentenciaron a Alvarado a prisión perpetua y a pagar una multa de 316.173.048 millones de pesos por considerarlo instigador del crimen de Lucio Maldonado, con los cargos de homicidio agravado. También fue considerado instigador de las balaceras a edificios del poder judicial y de una funcionaria del MPA, y jefe de una asociación ilícita con la cual cometió, al menos, cinco hechos de lavado de dinero.

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En cuanto a Mauricio Laferrara, los jueces entendieron que fue coautor del crimen del prestamista y responsable del homicidio de Cristian Enrique. Asimismo, le cabe la responsabilidad de ser parte de la asociación ilícita.

Por el homicidio de Lucio Maldonado también fueron sentenciados a cadena perpetua Facundo Almada, Matías Ávila y Germán Fernández.

En tanto, Miguel Ángel Grecci Hazzi, recibió le pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva y un multa de 76 millones y medios de pesos por su participación en la asociación ilícita y por dos hechos de lavado de activos.

Por su parte, Damiana Ghirardi fue condenada a 3 años de prisión condicional y a pagar una multa de 46 millones de pesos por un hecho de lavado de activos en carácter de coautora.

«La organización tuvo un componente estatal que le permitió funcionar»

«Nosotros tratamos de demostrar que esto era una organización que había crecido en Santa Fe, en los últimos 10 años, al amparo de un montón de posibilidades gracias a distintas maniobras, actividades y filtraciones en la policía y demás», dijo a los medios el fiscal Luis Schiappa Pietra, tras conocerse el veredicto. «Por eso creo que es muy destacable el fallo, porque en este juicio se demostró que hubo un componente estatal muy importante, que le permitió a esta organización funcionar».

Schiappa Pietra ponderó la decisión de los magistrados y remarcó que hicieron lugar a todos los planteos que solicitaron. «Se hizo lugar a las condenas perpetuas que habíamos pedido. Yo creo que fue un fallo importante, desde todo punto de vista es muy destacable, por la contundencia de la decisión y por como se avanzó en materia de decomisos de inmuebles» apuntó.

«En el juicio mostramos como fue que Alvarado pudo construir esa red de relaciones que le permitió desarrollar la organización y en el juicio eso se tradujo en las imputaciones respecto de las personas que nosotros creíamos que teníamos evidencias para formularles cargos», detalló el fiscal. Pero, al mismo tiempo, señaló que «hay análisis de otros niveles».

«Se trata de consideraciones que tienen que ver más con lo político o social sobre la mirada que se tenga sobre otros actores. Nosotros avanzamos sobre las personas sobre las que teníamos evidencias y respecto de otras vamos a continuar líneas de investigación para ver si se puede seguir avanzando y consolidarlas en una imputación».

Por su parte, el fiscal Matías Edery opinó que hay que empezar a ver ahora un montón de cuestiones que se mencionaron en el juicio. «No somos solo nosotros, porque hay otras responsabilidades que no son penales, sino políticas o administrativas».

En ese sentido apuntó: «Muchísima gente que toma decisiones en la provincia de Santa Fe se va a tener que poner a ver que fue lo que pasó en estos últimos 10 años para que terminemos con una persona como Alvarado con el poder que tuvo al final del camino».

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Edery también celebró la decisión de los jueces de resolver a favor del pedido que hicieron de que se corra vista de la prueba expuesta en el juicio al Consejo de la Magistratura de la Nación, ya que consideraron que, desde el año 2013, el juez federal Marcelo Bailaque tenía información fehaciente y pruebas sobre la organización narcocriminal.

El fiscal de la agencia de Delitos Complejos ya se había referido a esta cuestión con anterioridad, señalando que en el juicio «quedó plasmado en el juicio que al menos hubo omisiones, porque ya para el año 2013 y 2014 había muchísima información que vinculaba a Alvarado con el tema droga»

En esa oportunidad, había afirmado que en el debate oral había quedado muy claro que «el juez Bailaque negó intervenciones telefónicas respecto de personas claves, como Daniel Ungaro, Jorge Benegas, el segundo de Alvarado o Luis Quevertoque que, de acuerdo a la investigación del federal estaban muy vinculado al tráfico de estupefacientes».