Preventiva para siete personas acusadas de usura, estafa y lavado de activos

Este miércoles culminó la audiencia imputativa de ocho personas que están acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada, entre otras cosas, al juego clandestino, a la usura, al lavado de activos, estafa y encubrimiento. El juez dispuso la prisión preventiva efectiva para siete de ellos.

En la audiencia, que inició el pasado martes, los fiscales Viviana O’Connel y Alejandro Ferlazzo acusaron a Roberto Y., Alejandro A., Yalil A. Ricardo E., Maxmiliano G.D.G., Lisandro S., Marina G., e Ivan G. de haber formado parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer múltiples delitos.

Según la investigación, esta organización delictiva -liderada por Yalil A.- estaría conformada por varias personas, que actuaban de manera coordinada, cooperada y con roles específicos, para llevar adelante diferentes negocios.

Dentro de las empresas más destacables de esta asociación, se encuentra una oficina -ubicada en San Lorenzo al 1.000- en donde funcionaba una plataforma de juego en línea, alquileres y compra/venta de vehículos e inmuebles, y una flota de taxis que -se estima- eran utilizados para blanquear capitales provenientes de actividades delictivas.

Por otro lado, los fiscales detallaron que los imputados contaban con relaciones en diversos estamentos del Estado y tenían acceso a protección policial y política a nivel nacional, por lo que no sólo contaban con poder adquisitivo, sino también en sus relaciones.

“Dentro de las actividades que realiza la organización que Yamil A. lidera se encuentran juegos online, préstamos de dinero, explotación de flota de taxis, negocios inmobiliarios y posibles vinculaciones con el tráfico de estupefacientes”, detallaron desde Fiscalía.

Por lo expuesto, este miércoles se imputó a los ocho acusados por diversos delitos. En lo que refiere a la organización de asociación ilícita, Yalil A. fue señalado como jefe; Lisandro S. y Marina G. como organizadores; y Alejandro A., Maximiliano G.D.G., e Ivan G. como miembros.

En lo que respecta a lavado de activos, agravado por habitualidad y por ser miembros de una asociación ilícita formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, fueron imputados Yalil A., Alejandro A., Marina G., Lisandro S., y Maximiliano G.D.G, en carácter de coautores.

Por el delito de juego clandestino se imputó a Yalil A., Lisandro S., y Maxmiliano G.D.G. en carácter de coautores; mientras que por usura fueron acusados Roberto Y., Alejandro A., Ricardo E., Maximiliano G.D.G., Lisandro S., Marina G., e Ivan G.

Finalmente, por los delitos de encubrimiento (por favorecimiento personal y agravado por el delito) se imputó a Yalil A.; mientras que por estafa y amenazas coactivas se acusó a Maximiliano G.D.G.

El Juez de primera instancia, Carlos Leiva, tuvo por formalizada la audiencia y dictó la prisión preventiva efectiva para todos los acusados por el plazo de ley, exceptuando a Iván G., a quien le otorgó -a pedido de Fiscalía- alternativas a la prisión preventiva con la condición de que constituya domicilio, se presente semanalmente en la oficina de gestión judicial y no se acerque al lugar de los hechos.

¿Cómo funcionaba la banda?

El comienzo de las actividades ilícitas de esta organización puede ubicarse entre los años 2016 y 2017, cuando comienza una investigación de la Fiscalía de Rosario basada en escuchas telefónicas, testimonios, entrecruzamiento de datos y otras evidencias, que daban cuenta de delitos vinculados a la venta de estupefacientes, homicidios, lesiones mediante la utilización de armas de fuego y amenazas, entre otros.

De dicha investigación se desprendió que Yalil A. se dedicaba al lavado de activos, y así prestaba dinero, comercializaba autos, e incluso manejaba e invertía el dinero producido de las diferentes actividades ilícitas a través de la comercialización de estupefacientes.

También se determinó que a partir del 2016 en adelante, el patrimonio de Yalil A. fue creciendo exponencialmente, ya que compró múltiples departamentos tanto en las provincias de Santa Fe y Córdoba. A su vez, Yalil A. presentó un ascenso “social”, obteniendo contactos y relacionándose con diversos sectores a los fines de poder evadir los inconvenientes que conllevaba su actividad ilícita.

Además, Yalil A. presenta una participación societaria como gerente en “MIP SERVICIOS S.R.L.” con fecha de constitución el 12/04/2017, junto a Marina G., otra de las imputadas. La sociedad registra como actividad principal “Servicios de Limpieza” y desde 2019 “Construcción, reforma, y reparación de redes de distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos”, “Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes” y “Servicios relacionados con la construcción”; por lo cual se estima que es una sociedad que está constituida para lavar dinero proveniente de ilícitos.

Dentro de esta relación, se lo advierte con un rol de intermediario a Alejandro A., hermano de Yalil A., quien tenía la tarea de realizar los cobros dentro de la organización.

La mencionada asociación tenía como principal socio a Maximilino G.D.G. Por su parte Lisandro S. se encontraba en una “segunda línea”, donde cumplía funciones de secretario compartido por Yalil A. y Maximiliano G.D.G., realizaba trámites de toda índole y era el encargado en la gerencia de algunos de los negocios ilícitos.

Por su parte, Ricardo E. era ayudante de Lisandro S. y cumplía funciones de cadete o cobrador a domicilio de préstamos; en lo que respecta a Iván G., se determinó que tenía un cercano vínculo con los actores principales y que su rol era recontar el dinero obtenido en mencionada oficina.

Finalmente, Marina G. -pareja de Yalil A.- era la encargada de gerenciar y administrar la flota de taxis, los alquileres y la compra/venta de inmuebles, mientras que de los negocios y las tratativas restantes se encargaba Lisandro S.

En relación al delito de Encubrimiento agravado, el fiscal Ferlazzo acusó a Yalil A. de haber ayudado a Emiliano Avejera apodado “Jija” o “Enano”, a eludir una investigación que se le inició en febrero de 2018, luego de que asesinara a balazos a Jonathan Funes. Tras el crimen, Yalil A. brindó alojamiento Emiliano Avejera (ya condenado) en la ciudad de Córdoba.