Representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron los procesamientos por presunta asociación ilícita, trata de personas y lavado de activos de 20 personas imputadas en la causa en la que se investiga a la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, consignaron hoy fuentes judiciales.
La solicitud recayó sobre los imputados luego de haber realizado su declaración indagatoria «y en atención a las pruebas colectadas», explicaron los peticionantes.
Las personas sobre las que recayó el pedido de procesamiento son Juan P. (líder), Marcela Alejandra S., María Susana B., Ruth Viviana L., Susana M., Mariano K., Mario Alberto L., Gustavo Aníbal R., Carlos Walter B., Georgina Ivonne H., Marcela A., María del Carmen G., Daniel Eloy A., Alicia A., Silvia Alicia H., Luis R., Horacio V., Daniel Gustavo T., Federico David S. y Jorge Alberto N.
Estas personas operaban en la organización Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80, «que funcionaría en este país pero que también contaría con sedes en los Estados Unidos -Chicago, Nueva York y Las Vegas-«, explicaron en la solicitud elevada a la justicia.
El fiscal Carlos Ernesto Stornelli, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, y Alejandra Mangano, titular de la Protex, se presentaron en la causa 7962/2021 caratulada «N.N s/infracción art. 145 bis – conforme ley 26.842, infracción art. 145 ter -conforme art. 26 Ley 26.842 e infracción art. 303», del registro de la Secretaría N° 8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 donde solicitaron dichas medidas procesales.
La investigación
Se investiga si la Escuela de Yoga de Buenos Aires se dedicaba «a captar personas en posible situación de vulnerabilidad y/ o a través de engaños para, en algunos casos, incorporarlos a la organización y reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, y en otros, ofrecerles tratamientos médicos que realizarían en sus clínicas con el objetivo de obtener dinero, influencias y/o coberturas para sus líderes».
La investigación realizada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) comenzó a raíz de la denuncia realizada ante dicha Procuraduría por una persona que resultó ser víctima de la organización.
«Específicamente, de la denuncia surge que, al menos desde el año 2004, EYBA sometió a los ‘alumnos’ a la servidumbre y otras prácticas bajo las órdenes emanadas por sus líderes», sostuvieron el fiscal y la titular de la Protex en su presentación.
Y agregaron: «La servidumbre consistía en un proceso de ‘despersonalización’ y en el aislamiento social de los ‘alumnos’ de la organización, quienes perdían todo vínculo con sus familias y allegados»
«Sus vidas comenzaban a organizarse alrededor de las directivas de Juan P. -jefe máximo de la organización- y otros líderes, siendo una de las manifestaciones más extrema la esclavitud sexual a la que eran sometidas algunas de las alumnas, quienes eran obligadas a mantener relaciones sexuales con personas de elevado poder económico para obtener dinero para la organización», afirmaron en el texto.
De acuerdo con la investigación, para captar nuevas personas y disciplinar a los alumnos EYBA creó una clínica denominada «CMI Abasto» en la calle Guardia Vieja 4072 y sus anexos en Avenida Coronel Díaz 1450 y Paraguay 930.
Además, de la denuncia surgió que la organización contaría con distintos emprendimientos económicos, tales como «BA Group», inmobiliarias como «Aznares Propiedades», «Salum Propiedades», «Argen S.A.» y/o «Brufi S.A.», y, fundaciones en los Estados Unidos de América.
El modus operandi
La organización contaba con una estructura jerárquica y piramidal de la que participaban aproximadamente 179 alumnos a «los que se les exigía un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización» que puede «llegar hasta la suma de 10.000 mil dólares, según el alumno».
Los encuentros sexuales y los ingresos al edificio de la avenida Estado de Israel eran grabados, y las filmaciones se guardaban en el domicilio de la calle Castro Barros 1127, en Bulnes 1455, piso 13 «B», y en Amenábar 1572, piso 5to. A, todas las direcciones pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires, sostiene el documento.
En la clínica se llevaban a cabo las «curas de sueño», que eran utilizadas por la organización para disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos y debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera.
Los allanamientos
En los allanamientos realizados entre el 12 y el 17 de agosto, cuando fueron detenidas 19 personas, se secuestraron un millón de pesos, un millón cien mil dólares, computadoras, 129 monedas de oro, celulares, pendrives, pasaportes, fotografías de mujeres semidesnudas, historias clínicas, medicamentos, videos con contenido sexual, juguetes sexuales, preservativos, joyas, planillas con descripción de rangos, chequeras de bancos estadounidenses, documentación bancaria y contable de la organización y de los investigados.
Las planillas que fueron incautadas «daban cuenta de los pagos mensuales realizados por cada uno de los ‘alumnos’ como ‘aportes’ a la EYBA que rondaban los 100.000 dólares», indicó el pedido de procesamiento.
Las víctimas se encontraban también bajo servidumbre económica: además de la exigencia mensual del aporte económico que podía alcanzar la suma de 100.000 dólares mensuales, se sumaban los sobres reunidos en ocasión de los cumpleaños del líder que alcanzaban la suma aproximada de 65.000 dólares, detallaron.
En cuanto a que la «clínica» formó parte del proceso de servidumbre al que se vieron sometidos los «alumnos», el documento, sostuvo que «corresponde agregar que las prácticas que tenían lugar allí también resultarían encuadrables en el delito de ejercicio ilegal de la medicina».
La «clínica» no sólo era empleada para los «alumnos» de la Escuela, sino que también era utilizaba para supuestos «tratamientos» contra las drogas de personas de origen extranjero, fundamentalmente estadounidense.
El 16 de agosto, el juez federal Ariel Lijo había rechazado la excarcelación de los imputados y dispuesto la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles.
