El Servicio Público Provincial de Defensa Penal -SPPDP-, en el marco de su política en prevención de la violencia institucional, solicitó ante al Ministerio Público de la Acusación que realice una investigación pronta, diligente y eficaz contra personal policial en el caso que lo tiene como víctima de bala policial a F.O., quien es asistido por esta Defensa Pública.

El pasado 13 de febrero tuvo lugar un hecho en el que O., acusado de haber cometido un robo, resultó baleado por la espalda por un Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe en las inmediaciones de calles Mendoza y Maipú.

A través de un comunicado, el SPPDP manifestó que «por un lado, a O. se le imputó un hecho delictivo contra la propiedad mientras estaba internado en el Hospital Provincial, ocasión en la que se abstuvo de declarar, con el patrocinio de la Defensa Pública. Por otro lado, la Fiscalía de Violencia Institucional del MPA de Rosario inició una investigación para determinar la responsabilidad penal del personal policial y en dicho proceso la Defensa Pública asumió la tarea de asesorar integralmente a quien tiene el simultáneo rol de defendido».

El jueves 15 de marzo a las 10, O. iba a ser trasladado desde su lugar de detención para prestar declaración testimonial en dicha Fiscalía y la Defensa Pública había solicitado participar con el objetivo de informar y asesorar a su defendido respecto de las implicancias que sus dichos podían tener en la causa en la que cual estaba acusado de robo y de garantizar la legalidad y regularidad de la declaración testimonial, dado que en la legislación vigente en Santa Fe las víctimas tienen derechos en el proceso expresamente regulados.

Sin embargo, continúa el texto «al concurrir a la Fiscalía el personal de la Defensoría Regional a las 09.50, se informó que a la víctima de los disparos policiales se le había tomado declaración minutos antes y se había dispuesto nuevamente su traslado al lugar de detención, en una maniobra que ha desprotegido a la víctima, la ha privado de sus derechos de asesoramiento y representación y frustrado la intervención de la Defensa Pública en su rol protectivo en este tipo de procesos en los que se investigan episodios de violencia institucional».

La situación fue reprochada a la Fiscal Karina Bartocci por escrito del Defensor Regional, Gustavo Franceschetti y advertida ante el Fiscal Regional Patricio Serjal. Además, como es política institucional de esta Defensa Pública, el caso fue consignado como «mala práctica judicial» en el Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos.

Una vez reunidos el testimonio de F.O. efectuado en Fiscalía y el video del domo ubicado en la esquina que une calles Mendoza y Maipú, queda en evidencia que el relato de la víctima es coincidente con lo allí ocurrido, encuadrando el hecho en un caso de violencia institucional.

Contrariamente, el acta de procedimiento elaborado por personal de la polícia de la Provincia de Santa Fe contiene omisiones y falsedades que no condicen con lo que las imágenes muestran.
Según surge de las pruebas recolectadas hasta el momento existen elementos suficientes para enderezar la investigación hacia un delito contra la vida o la integridad corporal, agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de las funciones propias de personal policial.  Asimismo, la investigación también deberá seguirse por falsedad de instrumento público contra los oficiales de la fuerza que labraron el acta de proedimiento.

Por ello, y ante dichas circunstancias en el escrito presentado por el Defensor Regional de Rosario ante la Fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci, se solicita que la investigación sea realizada con exclusión absoluta de personal policial que pueda tener compromiso institucional con la misma. También pidió que se impute de los hechos descriptos, bajo la tipificación que la Fiscalía considere correctos, a los oficiales de seguridad implicados.