El fiscal integrante de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Federico Reynares Solari, solicitó este viernes que se cite a prestar declaración indagatoria a los ex fiscales federales Pedro Ramón Tiscornia y José Luis Vázquez; y también al ex Secretario del Juzgado Federal N°2, Horacio Claverie, todos ellos funcionarios judiciales que se desempeñaron durante la última dictadura cívico militar y cuyo accionar funcionó como una «garantía de impunidad para las fuerzas represivas».
El pedido de citación a indagatoria a los mencionados magistrados fue presentado en una primera instancia por la agrupación Hijos Rosario, el pasado 1º de febrero. A raíz de esa solicitud, el fiscal interviniente hasta el momento, Adolfo Villatte, se excusó. En su lugar fue designado Reynares Solari, quien ahora ratificó y acompañó la solicitud del organismo de Derechos Humanos.
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En el escrito, de más de 300 carillas, presentado ante el juez Marcelo Bailaque, el fiscal consideró que «estos altos funcionarios judiciales tomaron conocimiento, a través de su labor profesional, de una incontable cantidad de violaciones a los derechos humanos, privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y desapariciones forzadas «. A pesar de ello, e incumpliendo deberes que la Constitución Nacional y diversas leyes les imponían, omitieron en forma sistemática y deliberada, actuar para hacer cesar esos delitos, lo que fue considerado por el fiscal como una garantía de impunidad hacia las fuerzas represivas.
Según el texto, dicha garantía constituye una participación primaria en los delitos cometidos por los distintos grupos de tarea que operaron. “Queda claro que los miembros de fuerzas represivas, pese a las presentaciones de habeas corpus y denuncias encontraban una garantía de impunidad gracias a la actuación del poder judicial, debido a esta especial forma de actuación. Ese aporte no puede ser brindado por cualquier ciudadano sino solo por aquellos que tienen el cometido legal de intervenir activamente, y cuya renuncia dolosa a cumplirlos se transforma en el requisito objetivo e imprescindible que prevé el artículo 45 del Código Penal”, argumentó Reynares Solari.
“Puedo afirmar que jueces, secretarios y fiscales tenían conocimiento – por la incontable cantidad de denuncias de tormentos ocurridos en los centros de detención que recibían por parte de los imputados en el marco de las leyes antisubversivas – de que cualquier persona detenida, ya sea por la división informaciones o, directamente, por el Comando II Cuerpo de Ejército, corría grave riesgo para su salud. A pesar de eso jamás hicieron comparecer a persona alguna ante los estrados del tribunal”.
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Sobre el sistemático rechazo de los diversos recursos de Habeas Corpus que en catarata llegaban denunciando desapariciones el funcionario judicial apuntó que “los fiscales intervinientes tampoco solicitaron medidas adicionales». Por el contrario, «todos los fiscales, en absolutamente todos los casos, independientemente del relato del hecho y de las respuestas obtenidas por parte de las mismas fuerzas represivas, propiciaron el rechazo del recurso».
Con nombre y apellido
Pedro Ramón Tiscornia se desempeñó como fiscal federal entre el 25 de marzo de 1977 hasta el 16 de agosto de 1979 y en el cargo de juez federal (del juzgado Federal n° 1 de Rosario) entre el 27 de agosto de 1979 y 1984. Se solicitó que sea indagado por su participación en 54 casos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y desapariciones forzadas, como, asimismo, por el delito de asociación ilícita.
En tanto, José Luis Vázquez ocupó el cargo de fiscal federal entre septiembre de 1977 y septiembre de 1983 y está señalado por su participación en 6 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, como, asimismo, por el delito de asociación ilícita.
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Horacio Claverie fue Secretario del Juzgado Federal n°2 de esta ciudad entre el 19 de abril y el 27 de noviembre 1984 y debe responder por su participación en 5 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, como, asimismo, por el delito de asociación ilícita.
Asimismo, solicitó que se cite al ex juez Guillermo Ernesto Tschopp a ampliar declaración indagatoria (ya se encuentra procesado por su presunta participación en 62 casos) por el delito de asociación ilícita.
